Criminales hicieron ‘volar’ dos vehículos cargados con tanques de gas entre la noche del miércoles 30 y la madrugada del jueves 31 de agosto de 2023, en dos sectores del centro norte de Quito (ver infografía). ¿El motivo? Repercusiones por el traslado de los seis procesados por el asesinato del candidato a la Presidencia de la República Fernando Villavicencio, desde la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, a otro centro de privación de libertad.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, durante una entrevista en el programa ‘NotiMundo’, que se transmite por YouTube. El funcionario reveló que existe un informe de Inteligencia que determina el riesgo que corrían los sospechosos y que, para salvaguardar su integridad, se tomó la medida de llevarlos a otro lugar, el cual se mantiene bajo reserva.

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Ante estas declaraciones, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ente a cargo del sistema penitenciario ecuatoriano, ha guardado silencio, pese a las insistentes solicitudes de información.

Los aprehendidos tras el crimen de don Villa fueron los colombianos Andrés Mosquera, José López, Adey García, Camilo Romero, Jules Castaño y Jhon Rodríguez. Ellos, de acuerdo a fuentes policiales, pertenecían al grupo de delincuencia organizada Los Lobos, el cual tendría hegemonía en centros carcelarios como el de Cotopaxi (donde estaban los sospechosos del crimen de Villavicencio) y el de Turi, en Cuenca, lugar en el que esta banda secuestró, el miércoles 30 de agosto, a guías penitenciarios y policías.

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Con estas acciones, los delincuentes tratarían de ejercer presión sobre el Estado, para amedrentarlo y evitar los traslados y controles que se estarían realizando, explicó Wagner Bravo, quien además señaló que la estrategia principal del crimen organizado es controlar las cárceles. Y es lo que el Gobierno estaría combatiendo.

Sin embargo, desde el punto de vista del experto en Seguridad Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), estos atentados reafirman que las autoridades han perdido el respeto y que en el país no hay quién someta a estos grupos criminales, pese a las advertencias que se han hecho para que los entes encargados del control actúen de manera anticipada.

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No habría independencia

Para Carrión, un problema grave es tener a una “policía derrotada en su moral y sin los recursos suficientes”. Otro punto negativo es la falta de seguridad jurídica, sobre todo porque entidades que deberían trabajar de la mano, como el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, tienen disputas entre sí, debido a que cada una respondería a intereses políticos.

“La administración de justicia da un mensaje terrible para la sociedad. La justicia no debería tener agente política, ni corrupción. Es evidente que estas instituciones no tienen independencia, como debería ser”, cuestiona.

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“Novatada” y advertencia

El primer atentado ejecutado en la capital fue en los exteriores del Ministerio de la Mujer, lugar en el que antes funcionaban las oficinas del SNAI. Para Carrión, pudo tratarse de una “novatada”, al equivocarse de lugar, pero no descarta que el objetivo de los criminales hubiera sido buscar un punto neutro, con un motivo claro: “Imponer terror”.

“¿Ahora quién no habla de esto? Hay miedo (...) Y la próxima será un atentado mucho más violento, porque la violencia va evolucionando. Eso es lo que le espera al Ecuador. Buscarán un mercado, una institución, algún sitio concurrido, en el que puedan detonar un explosivo, si es que las autoridades siguen sin actuar con firmeza”, concluye el especialista.

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