En el Centro Histórico el trabajo sexual es visible en pasajes peatonales como el final de la calle Flores, a la vuelta del Teatro Nacional Sucre o en la esquina de Esmeraldas y Guayaquil.

Incluso los domingos las mujeres que destacan por su vestimenta suelen replegarse tras el centro comercial Gran Pasaje, en la calle Vargas, siempre cerca de los hostales como La Casona. Para las que ocupan la Plaza de Santo Domingo, el hostal es El Paraíso Quiteño.

Nelly Hernández, quien dirige la Asociación Visión para el futuro, camina por ambos ambientes a la vez que atiende a los comensales. “Como le dije al alcalde, del centro no vamos a salir”, repite con el cabello atado en una trenza y las manos cruzadas sobre su celular. En la segunda planta funciona una casa de acogida en la que se hospeda una docena de trabajadoras. Entre ellas, Fernanda, una adulta mayor que vivía en situación de calle y que ahora ayuda en el restaurante comunitario.

“Estamos estancadas”, dice Nelly al consultarle sobre el avance de la acción de protección que presentó hace un año, y que fue aceptada parcialmente por un juez, sin medidas cautelares. Como medida de reparación después de desalojos y plantones, se dispuso que el Municipio de Quito elabore un ‘Plan integral de regularización’ y “determine un lugar adecuado para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad” con parámetros de seguridad, higiene y salud.

Eso sería posible a través de una reforma del Plan de uso y gestión del suelo (PUGS), que es responsabilidad del Concejo Metropolitano, señala María Belén Proaño, secretaria de Inclusión del Cabildo. Según la planificación de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la reforma se aprobará dentro de un mes.

“El Municipio está en su prórroga para establecer las garantías; si no nos permiten trabajar en los hostales lo haríamos en carpas, hasta en la calle”, comenta Nelly, con la experiencia de quien lleva 24 años como testigo de los cambios en el centro.

En ese periodo ha registrado 68 femicidios cuyas víctimas fueron sus colegas. Muchos de esos crímenes no han salido a la luz porque fueron “ocultados por la vergüenza de las familias”

Alexa pertenece a otra asociación y es más joven que las mujeres que trabajan con Nelly (35 años en adelante). A una cuadra de la Plaza del Teatro espera a sus clientes con un vestido rosado. Ha dejado su Certificado único de salud (que se renueva cada mes con un examen médico) en su cartera, encargada en el hostal que la acoge. El precio “por servicio” es de 14 dólares, dice. Incluye el costo de la habitación y un preservativo.

En el barrio La Mariscal también se ejerce el trabajo sexual en hostales. Las sexoservidoras están en los bajos del puente de El Guambra, sobre las aceras de la avenida Pérez Guerrero. Entre semana, la clientela la busca en la calle 18 de Septiembre, cerca del hostal El Trébol. Al frente, sentada junto a la reja de un parqueadero, Yuliana usa jeans y un saco negro, apretado. Sonríe a los transeúntes y comenta que el precio por servicio es de 15 dólares.

A cuatro cuadras de distancia, cerca de la Plaza de los Presidentes, están ubicadas las oficinas de la Secretaría de Inclusión Social. Su titular comenta que la actual administración del Municipio retomó la comunicación con Nelly Hernández tras el “quiebre” de relaciones que la Alcaldía anterior tuvo con las trabajadoras sexuales. Pero hay otras tres asociaciones activas en el centro.

“El reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral estará amparado en las decisiones que tomaremos para dignificarlo”, dice María Belén Proaño, quien lidera las mesas de diálogo. “Consideramos que es un trabajo como cualquier otro”. Sobre esta afirmación, el investigador Marco Panchi –que ha tratado el tema del trabajo sexual desde 2015– concluye que no se trata de un trabajo cualquiera.

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“Sin duda alguna es un trabajo, tiene que ser reconocido, sus asociaciones tienen que ser apoyadas, pero es importante que el Municipio entienda cuáles son las condiciones en las que se desarrolla, las formas de violencia estructural o de género que lo atraviesan”, sostiene este autor del libro ‘La Otra Revolución de octubre: subjetivación política y trabajo sexual en Quito’ (Flacso, 2023).

El equipo de la Secretaría de Inclusión encuestó a las mujeres agrupadas bajo el nombre ‘Visión para el futuro y Unidad por nuestros derechos’, e hizo entrevistas a profundidad a las representantes de las cuatro asociaciones en 2023. Los resultados aún no se han publicado.

Sin embargo, Proaño muestra algunas cifras sobre las respuestas que obtuvieron: el 73,7 % de trabajadoras dijo que “la principal razón para haber decidido optar por el trabajo sexual es por voluntad propia”. Ese dato también es más complejo de lo que parece.

Panchi lo explica así: “no es que un día ellas se levantaron y dijeron ‘bueno, voy a ser trabajadora sexual’. Hay que pensar en una serie de condiciones sociales, económicas, geográficas, de violencia y de accesos a oportunidades que construyen el escenario para que hayan visto esto como una opción válida en sus vidas”.

La “falta de oportunidades” fue la razón que impulsó a un 35,5 % de personas a ejercer esta actividad en el centro. También llama la atención que 8,6 % respondieron que “alguien las obligó” a iniciarse en el trabajo sexual.

El 90,9 % son ecuatorianas, “la mayoría provienen de Manabí o Guayas y las de Pichincha son muy pocas, el 16 %”, resalta Proaño. Un 8,1% nació en Colombia, el primer país de origen de las inmigrantes, seguido de Venezuela, de donde vinieron un 0,5 %. La muestra se obtuvo de encuestas realizadas a 266 trabajadoras asociadas.

Durante la única mención pública que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha hecho –en julio de 2023–sobre la Acción de protección, dijo que “nada se hará por la fuerza”, sino de forma consensuada.

Y descartó que se vaya a entregar un nuevo carné: “si muchas de ellas llegaron a ese trabajo por una situación de desesperación, no les puedes plantear un registro sin cuidar su privacidad” frente a sus familias (el 81,6 % tiene más de un hijo).

En eso coinciden Proaño y Panchi. Y también en que “no hay ningún estudio serio ni datos científicos que establezcan una relación de causalidad o vínculo entre el trabajo sexual y las condiciones de inseguridad”. Las sexoservidoras suelen ser víctimas de delitos, no sus autoras.

“Si resolvemos el tema de los libadores y del microtráfico también se verá una mejora en la situación de seguridad de los espacios que las trabajadoras ocuparán”, indica la Secretaría de Inclusión. Pero no da más detalles.

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