Todos tienen miedo, incluso autoridades y fuerza pública. Cuarenta y ocho horas fueron suficientes para evidenciar cómo actúan con cautela por miedo a dar un paso en falso y convertirse en una nueva víctima de la violencia criminal en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.

Un equipo periodístico de EXTRA viajó hasta el sector minero Muyuyacu, donde se han registrado tres masacres que han dejado, según cifras oficiales, 19 muertos en enfrentamientos entre grupos delictivos que intentan apoderarse de tres minas en el área.

Estos lugares fueron intervenidos por el Bloque de Seguridad. Tras las muertes violentas, se realizó el levantamiento de cadáveres y la recolección de evidencia. Según pobladores cercanos, casi todas las noches hay balaceras.

“Esto en la noche es peligroso; no pasa nadie, solo se escuchan motos a toda velocidad y luego las detonaciones”, dijo una comerciante, quien prefirió no ser identificada.

El equipo de este Diario solo pudo ingresar a la mina La Tormenta con custodia militar, ubicada en el sector El Calvario, a mitad del cerro. Aunque aparenta estar abandonada, la escena del crimen permanece casi intacta, con restos de municiones, cenizas de la incineración de gran parte del lugar y comida en estado de putrefacción.

La zona es boscosa y de difícil acceso. Poco después de llegar, el jefe de la tropa pidió agilizar la documentación del lugar debido a movimiento observado en la parte alta del cerro y comentó: “Nos están mirando, ya tenemos que salir”.

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La delegación salió con la custodia de seguridad, pero no se permitió realizar entrevistas en el caserío cercano, La Independencia, para prevenir posibles filtraciones a las mafias. No se podía identificar si algún ciudadano sería un “informante de las mafias”. Las conversaciones se realizaron en un poblado más alejado.

En la ciudad, se intentó recorrer una zona cercana con excavaciones mineras presuntamente legales. EXTRA solicitó la ayuda de la Policía Nacional para realizar la reportería, pero se negó el acceso por riesgo de un ataque armado y la presencia de personas en motocicletas.

También se pidió usar un dron para capturar imágenes desde la vía Panamericana E25 de la extracción minera, pero esta solicitud fue rechazada debido a la preocupación por informantes. Finalmente, se realizaron tomas desde un lugar considerado seguro.

Esta institución recibió un refuerzo de 50 uniformados especializados hace un mes, y esperan recibir a otros 50 en los próximos días.

Tampoco se pudo participar en un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debido a la falta de confirmación sobre la intervención y el desconocimiento de las acciones de los equipos de refuerzo que llegaron de otras provincias.

Durante la cobertura periodística, no se observó un gran operativo de control, salvo uno en el que los militares revisaron vehículos y hallaron municiones, un arma de fuego y una bengala para pesca.

Indicaron que casi toda la población tiene relación con la minería, ya sea directa o indirectamente, y cualquier movimiento puede ser interpretado negativamente por los informantes.

Según datos del gobierno local, más del 85 % de la población minera del Azuay opera en ese cantón, con una estimación de producción anual de oro de 65.000 onzas por parte de la pequeña empresa y mineros artesanales legales.

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Los habitantes de “la Ponce”, como llaman al cantón, se quejaron de la falta de vigilancia militar y policial, a pesar del estado de excepción que rige desde el 2 de julio hasta el 2 de septiembre.

“Solo los hemos visto después del asesinato del alcalde José Sánchez en abril; cuando ocurren muertes en las minas, se quedan allá”, dijo el dirigente barrial Margencio Gutiérrez.

EXTRA intentó entrevistar a la alcaldesa Magali Sánchez, quien asumió el cargo tras el asesinato de Sánchez. Su equipo de comunicación anunció que no podía ser entrevistada debido a una sesión de concejo y un viaje urgente a Cuenca para una reunión en la Prefectura del Azuay. Posteriormente, informaron que viajaba a Quito para comparecer en la Asamblea Nacional, sin especificar detalles.

La cita solicitada tenía el objetivo de conocer las acciones de coordinación con el Gobierno central para la seguridad en el territorio, los operativos contra la minería ilegal y las medidas aplicadas.

En relación con la agencia de control para la minería, no había personal disponible para declarar porque todos fueron removidos a finales de julio, y aún se espera la designación de nuevas autoridades.

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