El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este 24 de marzo de 2025 la situación jurídica de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en relación con la denuncia por violencia política de género. Con tres votos a favor y dos en contra, la entidad ratificó la suspensión de sus derechos políticos.

La denuncia fue presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien acusó a Abad de incurrir en violencia política de género. En una primera instancia, el juez electoral Guillermo Ortega aceptó la demanda y determinó que la vicepresidenta cometió una infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, en concordancia con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 de la misma norma.

Sanción y contexto político

Como parte de la sanción, el TCE resolvió retirar a Abad sus derechos de participación por dos años y le impuso una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados. La decisión se produce en medio de la disputa entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa sobre la delegación del cargo durante la campaña electoral.

Desde el 23 de marzo, inició el periodo de proselitismo para la segunda vuelta presidencial, programada para el 13 de abril. Al igual que en la primera vuelta, Noboa optó por no solicitar licencia, a pesar de que el Código de la Democracia establece este requisito para los funcionarios que buscan la reelección. Durante la campaña previa, el mandatario encargó temporalmente la Presidencia a Cynthia Gellibert mediante decretos ejecutivos.

La reacción de Verónica Abad

Antes de conocerse el fallo del TCE, Abad se pronunció para expresar su postura: "Si me retiran los derechos políticos, estos no son 'retroactivos'. Este cargo fue dado por los ecuatorianos en 2023", escribió en su cuenta de X. 

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Asimismo, enfatizó que la suspensión de derechos políticos no equivale a una destitución. "Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta. Hacerlo sería un fraude constitucional", afirmó.

En su defensa, Abad argumentó que el TCE carece de competencia para cesar a una autoridad electa por voto popular. Según su criterio, dicha atribución corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional mediante juicio político.

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