La Fiscalía estima que las acciones ilícitas que ejecutaban los presuntos integrantes de la red criminal desarticulada en el caso Plaga operaba, al menos, desde 2022. Estos individuos actuaban bajo "el abuso del derecho a través del otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad (PPL)", lo que habría derivado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada, sancionado con prisión de siete a diez años.

Según el ministerio público, eran abogados en libre ejercicio quienes se encargaban de captar a peligrosos reos en diferentes cárceles del Ecuador, sean estos ya sentenciados o con prisión preventiva por delitos como asesinato, tráfico de droga, entre otros de gran riesgo para la sociedad. Para ganar a estos clientes, los juristas se acercaban directamente a ofrecer sus servicios que los dejarían en libertad.

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Para convencerlos, les explicaban que los harían recuperar su libertad "mediante acciones constitucionales –ilegítimas– que se tramitaban en cantones en los que sus clientes (PPL) no se encontraban detenidos". Es decir, que su estrategia consistía en buscar un sitio diferente al que tenían como 'domicilio carcelario'. Al parecer, con el objetivo de no llamar la atención y hacer que los procesos avances conforme habían planeado. 

Estos abogados no habrían actuado solos, pues en el caso Plaga se ha determinado que trabajaban con ayuda de miembros de la Policía Nacional, jueces, secretarios e incluso funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ente a cargo del sistema penitenciario ecuatoriano, como ya lo ha detallado EXTRA en una publicación anterior, precisando el rol que tenía cada uno de los 14 procesados. 

Para que los abogados pudieran llegar a sus potenciales clientes, necesitaban información clara, pues no podían adivinar quiénes cumplían el perfil que buscaban. Para eso, según la Fiscalía, recibían colaboración de dos funcionarios del SNAI. Ellos eran quienes supuestamente creaban los nexos con los familiares de las personas privadas de libertad, para que los juristas pudieran hacer sus ofertas y dejar claro cuánto debían pagar (los montos -al cierre de esta nota periodística- todavía no eran revelados). 

Otro aspecto que también consideraban los abogados, antes de hacer las ofertas para captar a sus clientes, era saber si estos registraban alguna boleta de captura vigente o tal vez la prohibición de salida del país, pues para beneficiarlos con acciones constitucionales no debían tener otras causas pendientes. Es ahí que en la estructura habrían entrado dos policías activos, quienes colaboraban con información reservada del sistema de la Policía Nacional.  Esto es lo que ha detallado la Fiscalía. 

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