Dos abogados expertos en temas penales concuerdan en que la detención de los 31 sospechosos de la Operación Metástasis tiene elementos que podrían hacer que se considere ilegal.

La jurista Valeria Mena explica que se transgredió la norma jurídica cuando en algunos casos, al momento de la aprehensión, solo les leyeron sus derechos constitucionales, pero no se les informó el delito por que el que fueron detenidos.

“A algunos les decían que era por delincuencia organizada, otros por fines investigativos. Hay una contradicción”.

Con respecto a los chats extraídos de los teléfonos de Leandro Norero y a los partes policiales de las detenciones como elementos sólidos para sostener la investigación en contra de los procesados, el abogado Norman Jaramillo indica que no son suficientes.

Según su análisis, la naturaleza jurídica de los informes de la Policía es referencial. Podría constituir un elemento de convicción, pero “no es una prueba de ninguna naturaleza”. A su criterio, es la opinión de un policía que puede tener un sinnúmero de errores procedimentales legales.

“En la práctica judicial se han caído muchos casos por errores terribles en los partes policiales”.

Mena añade que en lo que tiene que ver con los chats, estos deben estar materializados y se debe determinar quién es la persona que los envía y quién los recepta. “Caso contrario, estamos hablando de meras conversaciones que no tendrían una validez jurídica”.

La fiscal general Diana Salazar indicó que existen 14.000 fojas con los mensajes encontrados en los teléfonos de Norero.

Esto, según Mena, sería una estrategia de la Fiscalía porque ‘quema tiempo’ para que los abogados tengan más petitorios y así poder dilatar más la investigación. Jaramillo concuerda en el sentido de que los juristas no van a tener tiempo suficiente para una lectura científica encaminada a ejercer lo que es el derecho a la defensa.

Indagaciones paralelas

Salazar también reveló información de otros delitos que han sido cometidos y que estos aún no cuentan con un proceso en contra de los involucrados.

Ante esto, Jaramillo sostiene que la norma jurídica es clara. Según él, si en el transcurso del proceso de una investigación se determina que existen participantes en otros tipos de infracciones, es obligación de la Fiscalía remitir estos procesos para que otro fiscal inicie una indagación previa o un proceso de carácter judicial.

Finalmente, Mena estima que este tipo de proceder es un tema estratégico para desviar situaciones posteriores que se van a venir ante el gobierno. “Si no estás en la línea del Gobierno actual, lo primero que pasa es que la Fiscalía te acusa por acusar, sin tener el sustento jurídico”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!