En medio de una polémica investigación sobre el presunto intento de tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), nuevos detalles revelan la conexión de varios actores políticos y jurídicos con personas vinculadas al caso conocido como Ligados. La Fiscalía General del Estado ha procesado a un grupo de exconsejeros, parte de la denominada Liga Azul, y una presunta aliada (aún en funciones), quienes habrían formado parte de una red para influir en decisiones clave dentro del sistema judicial y político del país.

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Uno de los nombres que aparece en las páginas del expediente es el de Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de los Derechos Humanos y defensor de las familias en el Caso Malvinas. Bastias consta en un chat grupal de 19 integrantes hallado en el teléfono de Augusto Verduga, uno de los exconsejeros del CPCCS investigados. En este grupo, denominado “Deuda y finanzas justas”, que al parecer tenía que ver con activismo, también participaba Andrés Arauz, excandidato presidencial, y otros actores ligados a la Revolución Ciudadana.

Según un mensaje enviado por Roberto Ruiz Blum el 11 de junio de 2024, Bastias habría expresado su interés en unirse a este espacio de discusión, donde se trataban temas de derechos humanos y constitucionales.

Contexto del caso Ligados

La Fiscalía General del Estado impulsa una investigación contra exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes habrían incurrido en el delito de asociación ilícita. La investigación se centra en varios hechos, incluida la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022–2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

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El 15 de marzo de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz, por su presunta participación en asociación ilícita. Durante la audiencia, se presentaron conversaciones y estrategias que evidenciarían intentos de influir en la designación de autoridades y en procesos judiciales, buscando dilatar decisiones y garantizar su permanencia en cargos clave.

Tras la audiencia, el juez dictó medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse quincenalmente ante la justicia para los procesados, a excepción de Franco Loor, quien recibió arresto domiciliario. 

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