“Desde hace un año, las ventas han bajado en un 75 %. Las personas se han ido de aquí y ya no hay a quién venderle”, comentó uno de los directivos de los gremios comerciales de Camilo Ponce Enríquez, quien prefirió el anonimato, pues sostuvo que son vigilados por las mafias que operan en este cantón de Azuay.

Explicó que las muertes violentas no solo se han dado en disputas entre grupos criminales por el oro de las minas, sino que pareciera que han ocurrido con el desarrollo de la ciudad. El toque de queda y el estado de excepción, declarados en julio pasado y a inicios de agosto, han aniquilado las ventas, al limitar el comercio.

Así lo confirmó Carmen Rodríguez, madre de familia que vive del arrendamiento de viviendas. Ella señala que, aunque redujo en un 50 % el costo mensual del departamento que oferta en el sector de San Alfonso, a la entrada de la ciudad, no ha podido conseguir inquilinos. Antes pedía $ 160 y ahora $ 80.

“Está muy fregada la situación, ahora con este problema de que vienen a querer tomarse las minas. La gente que vino de otros lados a hacer negocio aquí se ha ido, los de aquí también se han ido, ya no hay comercio, lo que hay es bala, eso es lo que hay; dos veces ha caído bala en mi techo y nadie hace nada”.

Un escenario similar ocurre en Santa Martha y La Independencia, zonas cercanas a las minas. Sus moradores denunciaron que casi todas las noches escuchan detonaciones de armas de fuego. En algunos casos manifiestan que se “han acostumbrado” a ese estruendoso sonido.

“Es que como siempre hay tiroteos cuando oscurece, cierran todo por miedo a que se les metan en la casa mientras pelean. Muchos vecinos se han ido, especialmente ahora último. Es triste porque antes no era así. Cuando pasan los militares nos da algo de calma”, señaló un trabajador de la construcción.

Conozca más: Las hipótesis que maneja la Policía luego del hallazgo de seis asesinados en El Oro

Sus habitantes apuntaron que hace 15 años todo era distinto, principalmente porque no había tantas minas de oro ni “tanta gente de afuera”. Agregaron que no tienen nada en contra de la generación de empleo, pero sí critican la ausencia del Estado en el territorio, ya que, de lo contrario, no estarían enfrentando un incremento en los problemas económicos y sociales.

“Mire, hace un mes, los mismos militares dijeron que han muerto como 50 personas en las minas producto de los enfrentamientos. Y en los medios salen menos. No hay paz. Yo tengo más de 70 años aquí y soy el único que queda de mi edad, porque todos se van con su familia, sin importar lo que quede”, resaltó José Marca, de 81 años.

Por tal motivo, ellos instan a las autoridades a ejecutar intervenciones efectivas y que las mismas incluyan las zonas aledañas para empezar a “sanear” un poblado que se ha caracterizado por ser pacífico.

Sin embargo, también hay moradores que manifestaron mantenerse alejados de la realidad y desconocían lo que pasa a su alrededor, incluso, afirmaron que hay paz. Integrantes de los equipos especiales de la milicia comentaron a EXTRA que su personal de inteligencia ha tenido dificultades en los territorios que colindan con las minas de oro.

“Uno les pregunta y dicen que no saben nada, que supuestamente no han visto, no han oído, no les han dicho. No se sabe si dicen eso por miedo o conveniencia”, señaló un uniformado de la brigada mientras acompañaba en los ejercicios de reportería de este Diario.

El experto en seguridad Diego Pérez señaló que los comportamientos ciudadanos de este tipo se originan por la falta de confianza en las autoridades y por “temor a ser expuestos” ante los grupos criminales, especialmente porque son quienes viven y trabajan en el lugar.

Puede leer este tema: Milagro: ¿Por qué tras capturas de Alan y Loco Ariel algunas escuelas suspendieron clases?

A esa variable se añade la falta de coherencia entre lo que se anuncia en redes y lo que realmente ocurre en territorio. Una muestra es la ausencia de uniformados en el cantón.

Margencio Sánchez, líder barrial, lamentó que “no se evidencie que al Gobierno nacional le importe” Camilo Ponce Enríquez y recordó lo ocurrido en abril pasado, cuando el alcalde José Sánchez fue víctima de un ataque armado.

“Es el Gobierno el que prácticamente nos ha llevado a este debate. Hay que aceptarlo, aunque nos duela. El día que lo mataron pasó que a las 18:30 vino un carro con unos 60 policías, se bajaron en el parque principal, se tomaron la foto y se fueron. Una hora después le dispararon y murió. Y, por ejemplo, hoy: mire usted, son las doce del día y no hay un solo militar o policía”, cuestionó Sánchez.

No obstante, mantiene la esperanza de que la situación mejore, siempre y cuando exista un verdadero compromiso. “Se podría crear un gran frente, pero si hubiera un acuerdo entre las autoridades para que realmente se comprometan a trabajar para terminar con este mal. De ser así, todos los ciudadanos se sumarían. Porque las exportaciones de oro no solo benefician al cantón, sino al país entero”, argumentó el dirigente gremial de comercio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!