Para Francisco, Posorja es más que el lugar donde ha formado su familia y construido sus recuerdos más preciados. A pesar de sus esfuerzos por permanecer en su tierra natal, la creciente ola de delincuencia lo ha forzado una y otra vez a tomar la difícil decisión de abandonar su hogar. Proteger a su familia es una prioridad y, aunque se marcha por unos días, siempre regresa porque su fuente de trabajo está en esa peligrosa localidad. Es un callejón sin salida.

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En los últimos 15 días, este comerciante de 49 años, que reside y tiene su negocio en una de las arterias principales de la parroquia, la calle Chaguay Gutiérrez, ha sido testigo de varios hechos violentos en la localidad.

“Mi amor por Posorja y mi compromiso con el bienestar de mis seres queridos siguen siendo inquebrantables, pero el enfrentamiento entre dos bandas criminales por el control del territorio nos ha obligado a refugiarnos en casas de parientes. La semana del 26 de julio hubo nueve asesinatos cerca de mi casa, en cuatro hechos distintos”, cuenta Francisco con la voz entrecortada.

Posorja forma, junto con la parroquia El Morro, parte del distrito Progreso, una de las 12 jurisdicciones de la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Sin embargo, no todos los asesinatos registrados en el puerto se reflejan en las estadísticas policiales. Según datos proporcionados por la Policía Nacional, en el distrito Progreso han ocurrido 80 crímenes del 1 de enero al 1 de agosto de este año.

Además, existen cifras oscuras de víctimas cuyos cadáveres no son levantados por la policía debido a la oposición de sus familiares.

A pesar de las dificultades y el peligro constante, Francisco mantiene la esperanza de que algún día su tierra natal vuelva a ser el lugar tranquilo y seguro que solía ser. Cada día, al abrir su tienda, enfrenta la dura realidad de un territorio en disputa, donde la vida de los residentes está en riesgo.

“Este lugar tiene un valor incalculable para mí. Aquí crecí, me casé y he visto crecer a mis hijos. No puedo simplemente dejarlo atrás”, afirma.

Maribel, otra habitante de la parroquia, señala que la violencia desatada ha provocado el cierre de varios negocios y ha llevado a otros, como comedores, al borde de la quiebra, ya que la gente prefiere no salir de sus casas o no visitar la localidad.

“Antes vendía al menos 30 almuerzos; ahora, a veces ni siquiera 10. Las personas están aterrorizadas. El otro día dispararon a dos agentes de la Comisión de Tránsito, lo cual causó conmoción. Los ciudadanos también estamos expuestos. Por matar a uno, se llevan otra vida”, se queja.

El motivo de los crímenes es la disputa por el tráfico de drogas. “Dan ganas de salir corriendo, ¿pero a dónde vamos? ¿De qué vamos a vivir, si aquí está nuestra vida?”, comenta con preocupación.

Como consecuencia del atentado a los agentes de tránsito el 26 de julio, murió José Antonio Pilaló Molina, cabo de la CTE, de 33 años. Su compañero quedó gravemente herido. Desde entonces, el destacamento de tránsito en la zona está cerrado y no atiende al público.