La supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) comenzó a difundirse en los chats de los uniformados hace dos semanas. “No era información oficial, pero nos dejó inquietos”, dice Rafael (nombre protegido), quien en los primeros meses de la pandemia empezó los trámites para jubilarse. Con más de 25 años de servicio, decidió terminar con su carrera en la institución.

Sin embargo, la alerta entre sus excompañeros le causó preocupación. Fueron algunos los días de incertidumbre que vivieron los agentes, antes de que uno de los más de 60 integrantes del chat -cercano al área administrativa- indicara que las jubilaciones y sueldos no se verían afectados por la situación económica que enfrenta el Isspol, luego de una supuesta estafa de más de 530 millones de dólares.

Estas operaciones habrían sido realizadas por Jorge Chérrez Miño, representante legal de dos empresas domiciliadas en Panamá, en las que se habrían efectuado inversiones. Sin embargo, de esos trámites no existe ningún respaldo.

El teniente coronel en servicio pasivo desde hace 15 años y doctor en jurisprudencia, Mario Segovia Cárdenas, indica que la situación ocurrida en el Isspol es una muestra de que Ecuador vive una “quiebra moral”. Él junto a otros 29 policías jubilados mantuvieron una reunión en Quito para analizar la ‘esfumada’ de dicho dinero.

En el encuentro acordaron iniciar procesos legales para que la justicia investigue y determine quiénes son los responsables de la pérdida de tantos millones. Tienen previsto presentar una denuncia la próxima semana, refirió Segovia.

Para el oficial, el manejo económico se llevó a cabo “alegremente y sin ningún conocimiento”, invirtiendo en “empresas fantasmas” sin análisis técnico y operativo.

El economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA, reconoce que cuando se realiza una inversión siempre existen riesgos. Sin embargo, para quien efectúa la operación queda un respaldo, tal como ocurre cuando una persona hace un depósito en un banco.

Lo insólito de este caso es que, según Albornoz, no cumplen con la lógica de hacer bien el papeleo. “Aquí el escándalo de los escándalos es no saber dónde está el respaldo de esas inversiones”, dice.

Ahora lo que se debe hacer es un rastreo minucioso de los movimientos de ese dinero, pues, al parecer, más de 300 millones de dólares estaban en bonos del Estado. (AAM/MPG)