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Artesanos gráficos ‘imprimen’ su acta de defunción
Los trabajadores de imprentas pierden opciones para salir adelante. Al menos 70.000 familias estarían afectadas. Su oficio está por perderse.
Los artesanos gráficos dicen que se ‘comerán’ la camisa, en cuanto entre en vigencia la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas el próximo 29 de noviembre.
Carlos Flores tiene su imprenta en el barrio América, centro de Quito, sector que se ha caracterizado desde hace 40 años por la presencia de este tipo de negocios que de a poco han cerrado.
“Primero fue la pandemia. Ahora la estocada final será que las facturas ya no serán físicas”, comentó Flores durante protesta que realizó el gremio frente al palacio de Carondelet.
La mayoría de estos negocios sobrevive con la emisión de los recibos de papel. En su caso, no tiene más opciones, puesto que ahora “también lo digital le ha ganado terreno al papel”, expresó.
En su caso, cinco familias quedarían sin su sustento. “Ya no alcanzaría para pagar sueldos, seguro y prestaciones”, comentó con preocupación.
Flores, de 54 años, aprendió este oficio desde joven, por lo que tampoco le sería posible buscar trabajo. “Es lo que sé hacer, de esto viví siempre y nos duele ver que puede morir”, agregó.
LOS PEDIDOS
Unas 50 personas, en su mayoría dirigentes de este gremio, llegaron el lunes a la Plaza Grande, centro de Quito, desde diferentes provincias para pedir al Gobierno Nacional que revise la medida tributaria.
“No queremos que no haya facturas digitales, sino que haya un tope de declaraciones”, dijo Mario Ron, presidente de la Federación Ecuatoriana de Artesanos Gráficos.
Otra demanda del gremio es que exista un techo en la contribución que determine el uso de las facturas físicas. “Quienes facturen menos de 300.000 dólares al año que sigan facturando físicamente”, propone.
Asimismo, con el sistema Rimpe, sistema tributario para emprendedores, sugieren que el tope sea de 120.000.
Héctor Espinoza, representante de Guayas, mencionó que al menos 70.000 empleados corren el riesgo de perder sus trabajos. “Tomando en cuenta a sus familias, son unas 120.000 personas en la precariedad”, dijo.
El día de la protesta tuvieron una reunión con varios funcionarios del Gobierno, entre ellos Mayra Villarreal, coordinadora de conflictos de la Presidencia. Ella se dirigió a los protestantes y quedó de confirmar una conversación con el bloque de legisladores de CREO para determinar qué cambios pueden hacerse a la normativa.
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