El alcalde Aquiles Álvarez reaccionó a los allanamientos por la denuncia de presunto tráfico de combustible. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció el 23 de julio de 2024 respecto a los allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado en el caso conocido como Triple A. Las autoridades realizaron un operativo que incluyó la oficina de Copedesa, la empresa de la familia Álvarez.

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La situación se origina a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Daniel Noboa, que acusa a la empresa Copedesa de participar en un tráfico ilegal de combustible. Álvarez expresó su disposición a colaborar con las autoridades para aclarar la situación. "Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia", escribió en su cuenta de X. Además, enfatizó que "de nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer".

El alcalde también criticó el hecho de que la Fiscalía no se hubiera acercado previamente para solicitar información, lo que podría haber facilitado el proceso sin la necesidad de llevar a cabo los allanamientos. "Nos hubiera solicitado directamente la información lo que habría hecho todo más fácil y sin necesidad de ningún acto urgente", comentó.

Este escándalo ha generado un intenso debate sobre la gestión del alcalde y la operativa de Copedesa, que ha sido defendida por Álvarez como una empresa sólida y transparente. Le puede interesar: Gerente de la ATM dirige Fuelcorp, la empresa acusada de tráfico de combustibles.

El caso ha atrajo la atención del público y de los medios, abriendo interrogantes sobre la administración local y las prácticas comerciales vinculadas a personas de alto perfil político. Noboa, por su parte, ha afirmado que su gobierno ha cumplido con sus metas económicas, señalando que "no somos como esos pillos que contrabandean combustible". Este tipo de acusaciones generan un clima de desconfianza entre la ciudadanía, así como un escrutinio más amplio de las instituciones implicadas.

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La situación sigue en desarrollo y se espera que la Fiscalía continúe con sus investigaciones. A medida que avanza el proceso, el alcalde Álvarez deberá afrontar las consecuencias de estas acusaciones y la presión pública que esto conlleva. La transparencia y la colaboración con las autoridades serán esenciales para su defensa.

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