“Acá no vive ningún concejal. ¡Qué van a vivir aquí, si este barrio da miedo!”, dice Karina Chicaiza, moradora de Guamaní, en el sur de Quito. La resolución aprobada por unanimidad (18 de 21  ediles) por el Concejo Metropolitano de Quito el 15 de mayo ha tenido respuestas de los quiteños. La mayoría están indignados.

(Te puede interesar: Primer año de Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez: ¿cómo les ha ido según la ciudadanía?)

“Para los concejales y alcalde: Instalación de un sistema de alarma interna en los barrios donde se encuentra ubicada su residencia, conectada al sistema de alarma comunitaria o a la unidad policial de ese sector”, dice el literal f de la resolución, en la cual se ha centrado el debate.

Para Karina, los ediles no son cercanos al pueblo y tienen más privilegios que el resto. “Algunos han de vivir en edificios privados. Por acá estamos a merced de la delincuencia”, agregó.

Precisamente, Guamaní es uno de los barrios que Estefanía Grunauer, concejal y presidenta de la comisión de seguridad, dijo que estaban entre los más peligrosos, seguidos de Atucucho (norte) y La Ferroviaria (sur).

En Atucucho, la situación es desesperada. Los negocios están cerrando sus puertas debido a la creciente inseguridad. En septiembre se registró el secuestro del hijo del dueño de una bodega. “Todos se fueron, la casa quedó botada. Y los demás negocios van por el mismo camino”, reveló una vecina, que no quiso identificarse por miedo.

Ninguno de los ediles es vecino de estas mujeres. De hecho, la mayoría de ellos viven en las administraciones de Eugenio Espejo y Eloy Alfaro, es decir en parte del sur y el norte de Quito. (Ver infografía)

Grunauer, la proponente, le dijo a EXTRA que “no se van a quitar alarmas en otros barrios para poner en nuestros barrios. No se van a gastar recursos (...) Vamos a estar a la cola”. Agregó que sus vecinos se acercaron a ella y le dijeron que se sentían inseguros, pues ella al ser funcionaria pública estaría corriendo peligro (debido al panorama de violencia en el país). Y con ella, también peligran quienes estén cerca. Esa fue, según la edil, la motivación para “exhortar al alcalde de que nos tome en cuenta en el plan de alarmas comunitarias”.

Wilson Merino, también concejal, expresó que la resolución prácticamente “plantea dos clases de barrios: unos donde vive el alcalde y concejales, que contarán con más recursos para enfrentar la inseguridad, y el resto de barrios”.

El ofrecimiento de las alarmas comunitarias ha sido el recurso de casi todos los candidatos a concejales y alcalde, según Vicente Narváez. Pero cuando llegan al poder, ¡nada! “Necesitamos por lo menos una en cada sector. Atucucho tiene seis, pero hay una para 25.000 habitantes y creo que ya no funciona”, reclamó.

EXTRA se comunicó con el departamento de comunicación de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, para solicitar una entrevista con Carolina Andrade, la vocera de la entidad, pero la negaron por “falta de tiempo” de Andrade.

Tampoco se entregaron datos sobre los índices de delitos en los barrios. “Es algo que nos han pedido varios medios desde hace meses y en realidad no se hace pública esa información porque lo que se quiere es trabajar con el Plan de Seguridad y las estrategias que allí se incluyen, antes que nombrarlos para estigmatizarlos”, argumentaron.

La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que se afirma que la resolución no implica una inversión adicional, ni tendrá impacto en el presupuesto. Y que tampoco representa un sistema exclusivo para concejales o un cambio de planificación. “Se está desarrollando un modelo de gestión eficiente que garantice su correcto funcionamiento y una ampliación ordenada de beneficiarios”, reza el documento.

Sin embargo, no se ha hecho pública la planificación de la colocación de dichas alarmas. En barrios como Guamaní o Atucucho, las que fueron instaladas ya no sirven. “Está de adorno, luego como dueños de locales pusimos unas que funcionaron por un tiempo”, dijo la moradora.

La sensación de inseguridad se reafirma con las cifras de la Policía Nacional. En lo que va de este año se han registrado 5.200 delitos (robos en diferentes modalidades), cifra que en comparación con el mismo período de 2023 representa un incremento de 251 eventos, es decir un 5 %.

Para Karina Chicaiza, que existan alarmas comunitarias no es lo primordial, sino un sistema de seguridad que funcione. “De nada sirve que suene la alarma si no hay policías en las UPC (Unidades de Policía Comunitarias). Uno llama al 911 y más se demoran en tomar los datos que en brindar auxilio”, se quejó.

Según el comunicado de la Secretaría, Quito tiene actualmente 1.355 alarmas comunitarias. De esas, estaban instaladas 850 y el año pasado se incrementaron 502 alarmas.

Merino enfatizó que como concejales no estarían en peligro de ataques armados, como se ha visto en otras ciudades del país. “Ser concejal es el primer eslabón. Pero este tipo de decisiones quieren decir que si siguen avanzando en su carrera política, pedirán más cosas”, aseveró.

Nelson Yépez, experto en seguridad, comentó que esta resolución no sería descabellada, tomando en cuenta la violencia que azota al país. “Los concejales estarían en peligro como cualquier otra persona”, manifestó.

Agregó que este tipo de decisiones sirven para contrarrestar a las mafias. “Los mandos medios de la delincuencia organizada se están viendo afectados porque se está retomando de alguna manera el control. Se están previniendo delitos porque antes no había información o no se hacía bulla”. Es por eso que aunque la medida no ha sido muy popular para la ciudadanía, serviría para luchar contra la delincuencia. “Todo lo que sume es bueno”, analizó.

Eso sí, recomendó que se haga un análisis para saber en qué medida necesitan un mayor resguardo, porque “todos los ciudadanos necesitan protección”.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!