Con palos de escoba, garrotes, bates o cinturones, a punta de ‘planazos’ de machete, a puñetes y patadas, a escupitajos... y hasta con ají, la reacción ciudadana ante la ola delictiva que azota al país comienza a replicarse de una manera riesgosa.

‘Paloterapia’ le llaman, como si fuese un sinónimo de castigo que hace bien. Aunque en realidad es una acción que, de no medirse las consecuencias, podría ser considerada un delito.

Y es que en medio de la indignación de los ciudadanos, el castigo se les puede ‘ir la mano’ y lo que aparentemente es ‘hacer justicia’ podría llevar incluso a la cárcel a quienes actúan de esa manera, advierte el abogado Steven Reyes.

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Uno de los últimos casos que se viralizó en redes sociales ocurrió la tarde de este viernes 29, cuando una mujer que supuestamente pertenecería a una banda de delincuentes fue golpeada a palos y puños en el sector de Carcelén Bajo, en Quito. El video muestra cómo una multitud observaba y nadie intervenía.

Otro de los casos es el de una mujer y un hombre que protagonizaron un momento de ira en el barrio Las Américas, en El Coca, provincia de Orellana.

Un video compartido en Twitter los mostró sometiendo a un sujeto que aparentemente quiso ingresar a su domicilio y al que, como castigo, le embarraron ají en su rostro y le cayeron a ‘planazos’ con un machete, según comentaban quienes compartieron la filmación.

El ‘sometido’ gritaba con desesperación por su ‘madrecita’. “¡Mamita, ayúdame!”, decía una y otra vez el hombre, que recibió como respuesta de quien filmaba un consejo: “Las cosas se ganan trabajando”.

Cual si fuera una obra de teatro, varias personas veían desde la parte externa del terreno en donde le daban la ‘tunda’, sin intervenir en ella.

“O se retiran de hacer tanta maldad o el pueblo los hace entender por las malas”, comentó la internauta @vivianadc681 sobre el ‘ajicerazo’, apoyando esta acción, que en las redes sociales se observa cada vez con más frecuencia.

La ciudad con más casos de ‘paloterapia’ es Cuenca. Del 22 al 27 de abril van aproximadamente 20 presuntos delincuentes linchados por la comunidad. Dos fueron por intento de robo a un minimárket, otros dos por robo de celulares, uno por ser “prestamista de dinero con intereses altos”, y otros más acusados de ‘vacunadores’.

En otro caso, dentro de un bus, ciudadanos le caen a golpes a dos presuntos pillos. “¿Te duele? Así nos duele trabajar, cara de...”, se escucha gritar a una de las personas mientras castiga a uno de los jóvenes, que con sus brazos se cubre el rostro.

En Cuenca, los bandidos han sido advertidos por las comunidades rurales y urbanas, a través de marchas callejeras en las que han participado cientos de vecinos unidos para enfrentar a la delincuencia, anunciado que “tomarán la justicia por mano propia”.

Incluso se llegó a amenazar con “incinerar y matar” a los delincuentes que lleguen a sus jurisdicciones rurales, como sucedió en Cuatro Esquinas e Ingapirca (provincia de Cañar).

Se incluye también el casco urbano, donde la solidaridad ciudadana ha comenzado a reforzarse para auxiliar a víctimas de antisociales que arrebatan celulares, carteras y llegan a robar o extorsionar a locales comerciales.

Los episodios del mal llamado ‘ajusticiamiento’ se repiten en varias provincias de la Costa. Entre los diversos casos que se han conocido, sobre todo por Twitter, está uno reciente sucedido en Babahoyo, donde a un supuesto ladrón le dieron ‘la del zorro’ luego de intentar sustraerse un celular.

Los guayaquileños también se han puesto en esas tareas. En el sur, mientras un bus de la línea 62 transitaba por la cooperativa Coviem, un sujeto que robó a varios pasajeros e hirió con un arma de fuego a uno de los viajeros recibió su buena paliza, pero se salvó porque la policías llegó a tiempo.

Y así como ocurre en la capital azuaya, en la urbe porteña también se levanta uno que otro aviso en las calles. Es el caso de la ciudadela Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil, donde con varios letreros los lugareños dejan claro el ‘protocolo’: “Delincuente agarrado será llevado a la justicia del barrio”, se lee en la parte inferior de un pequeño afiche hecho de lona, que ha sido colocado en un poste.

Roberto, quien protege su verdadero nombre por seguridad, es parte de la directiva barrial de ese sector y asevera estar ‘ready’ para un enfrentamiento con algún ladrón o ‘vacunador’, porque “el barrio está unido”.

Con tómbolas y venta de comida criolla, los vecinos reunieron el dinero para ubicar los avisos, instalar reflectores y alarmas comunitarias y construir rompevelocidades, estrategias que ellos consideran que los benefician.

“Contamos con esto desde octubre del año pasado. Lo hicimos porque aquí nadie estaba en paz en el portal de su casa: robaban a diestra y siniestra”.

Roberto y otro habitante relatan que en diciembre de 2022, cuando un ‘vacunador’ llegó hasta una tienda del lugar para exigir la extorsión, pusieron en práctica el autodeclarado mantra de la ciudadela. “La gente salió de sus hogares para darle una paliza de la que nunca se olvidará”, añade Abel, el vecino con quien interactuaba Roberto.

Pero ellos saben que su fuerza no puede con la de un arma, por lo que anhelan el apoyo policial y militar. Roberto confiesa que para Colinas de la Alborada y el resto del circuito policial, que llegaría hasta Samanes según él, hay un solo carro destinado a patrullaje. “¿Cómo pueden atender las emergencias en tanto espacio?”, se cuestiona.

“Si la Policía no actúa, es lo único que queda”

Los cuencanos dicen que están conscientes de que tomar la justicia por mano propia puede acarrear un riesgo no solo para el antisocial que es atrapado, sino para quienes, dejándose llevar por la ira, pueden lesionar o hasta matar al sospechoso y afrontar un proceso judicial.

Pero “es el único recurso que nos queda”, sostiene Carlos Naranjo, directivo de un barrio rural. Todos los sospechosos, luego de los linchamientos, fueron entregados a la Policía, que los puso a órdenes de las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones, que no fueron más allá de una noche ‘a la sombra’.

El maltrato no se justifica... pero la gente está cansada

Que a muchos les da gana de darles palo a los pillos, es cierto; pero “ni siquiera porque uno sea la víctima es justificable tomar la mal llamada justicia por mano propia”, afirma el abogado Steven Reyes.

“El maltrato hacia otra persona no está justificado ni siquiera por el tema de que se le considere ladrón o que haya cometido un delito. Para eso tenemos leyes y una justicia en la que una persona que ha cometido delito debe ser sometida a la autoridad, procesada y castigada”, aclara el jurista.

Pero para los ciudadanos, esto suele ser justificable porque en la sociedad civil prevalecen la indignación, ira y desesperación ante la “inacción del Estado” para devolver la paz y tranquilidad, analiza el sociólogo Esteban Gutiérrez.

Explica que se trata de una reacción natural del ser humano, por el miedo frente al auge delictivo. Sin embargo, es peligrosa, dice Gutiérrez, pues las masas humanas no están considerando que tomar la justicia por mano propia puede acarrear un riesgo grave y también un delito.

Reyes, por su parte, aunque no lo justifica de ninguna manera, resalta que “en vista de que se ha perdido la confianza hacia la justicia, las personas optan por hacer eso que creen que es justicia por mano propia”.

En eso coincide Gutiérrez, quien señala que ante la fragilidad del sistema judicial, el asumir el papel de castigador de los pillos “es el último y único recurso para encarar civilmente a la delincuencia”.

Si se les pasa la mano hay castigo

Las consecuencias legales en caso de que la ‘paloterapia’ se pase de la raya pueden ser duras para los ciudadanos.

La sanción varía dependiendo de los días de incapacidad que sean concedidos para las víctimas por el médico de Fiscalía. Si le dan tres días de incapacidad por las lesiones, se trata de una contravención con pena de hasta 30 días de cárcel. Si los días de incapacidad suben a 30, la agresión se convierte en delito y solo se procede con denuncia del afectado, cuya sanción es de dos meses a un año de prisión.

En caso de ser 90 los días de incapacidad, el Código Orgánico Integral Penal concede al Estado, a través de la Fiscalía, el derecho a proceder de oficio (es decir, cuando no existe denuncia) e imponer una pena de uno a tres años. Finalmente, superados los 90 días de incapacidad, la sanción se eleva a siete años de privación de libertad.

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