La Prefectura del Guayas enfrenta una contradicción interna, ya que no encuentra motivos técnicos o administrativos que respalden las declaraciones de la prefecta Marcela Aguiñaga, quien calificó el contrato del dragado del río Guayas como “trucho”. Según el equipo técnico, la draga contratada es adecuada en tamaño y fuerza; los problemas actuales se atribuyen al retraso en la llegada de la embarcación desde China.

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El 12 de agosto, la prefecta Marcela Aguiñaga publicó en la red social X que el contrato del dragado estaba lejos de ser una buena herencia, no solo por ser “trucho”, sino “truchísimo”, aplicando multas por los retrasos. 

Sin embargo, Juan Carlos Proaño, director de Riego, Drenaje y Dragado, contradice estas afirmaciones, defendiendo que la draga es la adecuada según los términos contractuales y que las multas actuales, que ascienden a 1,5 millones de dólares, se deben al retraso en la llegada de la embarcación Run De.

“Técnicamente, la draga es la que se solicitó en los términos contractuales. Por su potencia, es la draga más grande disponible para realizar la actividad de extracción y relleno hidráulico, dado que los sitios donde se deposita el sedimento están a cinco u ocho kilómetros de distancia. Por eso, debe tener la potencia adecuada para llevar a cabo la tarea. Aunque algunas personas la han calificado de pequeña, esta draga reúne las características necesarias para hacer el trabajo”, detalló Proaño.

Tras las declaraciones de la prefecta, el consorcio encargado del dragado defendió la legitimidad del contrato, mientras que la Prefectura ha solicitado un nuevo plan de trabajo que ya está en marcha. Este plan incluye un aumento en la extracción mensual de sedimento, esperando compensar los retrasos acumulados.

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Este Diario intentó obtener declaraciones de Susana González, exprefecta del Guayas, sobre las acusaciones, pero su equipo remitió las preguntas a Eduardo Falquez, quien afirmó que la responsabilidad actual recae en la administración en funciones, y que cualquier irregularidad debería ser investigada por la Contraloría General del Estado.

“Es la administración actual la que debe responder por lo que está pasando. Nosotros llegamos hasta donde nos correspondía como administración. Rompimos la inercia de no dragar el río durante años, a pesar de la falta de licencia ambiental y de un lugar para depositar el sedimento. En cuanto a la operación, es la administración actual la que debe responder, ya que lleva un año a cargo de la obra. Recuerden que con nosotros, el consorcio tuvo un atraso de 180 días y los multamos. Cumplimos”, argumentó Falquez,

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