Hasta poco más de una semana aún no se identificaba a la chica que se habría lanzado del mirador de Bellavista, en el norte de Guayaquil, el 15 de febrero. Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, la certeza es que el caso es una alerta más sobre la necesidad de prevenir suicidios en la ciudad.

Ella dijo haber ido allí a esperar a su novio, contaron los custodios del sitio. Pero luego cruzó la baranda de seguridad y no la vieron más. Otra hipótesis policial es que su caída pudo ser un accidente.

El triste final de la joven se suma al de un ciudadano que se lanzó de un edificio en Puerto Santa Ana el 1 de febrero, cuyo rescate fue fallido.

SE TRABAJA EN PROTOCOLO

Por estos últimos eventos la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Salud Emocional Municipal (USEM), entre otras instituciones, mantienen reuniones para definir un protocolo de prevención y de intervención frente a estos acontecimientos.

Según William Muñoz, jefe del servicio de Emergencias de la entidad bomberil y director médico de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, en el Puerto Principal semanalmente hay entre uno y dos intentos de suicidio.

El primer paso para atender la problemática es que se establezca una estrategia de intervención unificada entre todas las instituciones y en eso se está trabajando.

Aunque la metodología está en construcción, Muñoz explicó algunos parámetros que se tomarán en cuenta. Uno es el aumento del número de psicólogos para atender los casos.

Los bomberos cuentan con más de 30 profesionales para que, de ser alertados, acudan a eventos de esta índole, indicó. La Corporación tiene un psicólogo y un médico por guardia (son cuatro turnos al día).

El psicólogo brinda asistencia emocional telefónica a la persona con ideas suicidas. Si las circunstancias requieren un trabajo presencial (está por lanzarse), este lo realiza el especialista bomberil. Si pasa un período de tiempo y no se puede disuadir de cometer este acto, se acciona el rescate.

En estos procesos también interviene la parte legal; no se puede agarrar a alguien si no lo autoriza, por más alteración mental que tenga.

“Estamos tratando de que en el protocolo se nombre un tutor provisional. Puede ser el médico que llega al sitio, para que indique que por las condiciones del paciente se necesita sujetarlo”, explicó Muñoz.

También se evalúa que el ciudadano reciba un tratamiento posterior. Para esto deben decidir la institución a cargo.

APLICACIÓN DE TEST

Jorge Luis Escobar, coordinador de la USEM, recalcó que lo primordial es detectar conductas suicidas. Por ello van a adquirir un test norteamericano, que fue adaptado por España, que evalúa el nivel de resiliencia (capacidad de recuperarse frente a lo malo) en bajo, medio y alto.

La prueba también mide 22 características de personalidad influenciadas en aspectos como la presencia de maltrato, problemas intrafamiliares o conductas de riesgo, que no necesariamente son el suicidio, pero que exponen la vida como el consumo de drogas, conducir a alta velocidad (etc).

Existe un plan piloto para testear a 15.000 profesionales que estuvieron en la primera línea de la pandemia. Actualmente se piensa sumar a 15.000 estudiantes universitarios de 18 a 35 años, que están incidiendo en suicidios.