El cordón umbilical aún estaba pegado a su cuerpecito. El recién nacido se encontraba dentro de una funda negra, sobre una vereda del suburbio de Guayaquil. Era el 29 de octubre de 2021. Un mes y dos días después, otra recién nacida también estaba desamparada en el portal de una vivienda de Bastión Popular. A ella, recién le habían quitado el cordón.

Ambos son los dos últimos menores de edad que fueron reportados como abandonados en el 2021 a través del ECU 911. El año pasado, solo en Guayas, 29 niños, niñas y adolescentes corrieron el mismo destino. A nivel nacional fueron 269. Sin embargo, esta cifra disminuyó en comparación con años anteriores. En 2020 se recibieron 292 alertas, en 2019 fueron 487 y en 2018 llegaron a 512.

El abandono de personas vulnerables, entre ellas menores de edad, puede ser penado hasta con tres años de cárcel, según lo estipula el artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La misma pena, de acuerdo con el fiscal César Peña, se le otorga a un o una menor de edad que abandone a un bebé (de ser hallado culpable), pero este iría a un centro de menores infractores.

Este fue el caso de la progenitora del bebé abandonado el 29 de octubre pasado. La adolescente estaba siendo investigada para definir si su conducta se debió a un trastorno de tipo psicológico (un juez determinaría si es procedente devolverle el bebito), o darle la patria potestad a los abuelos.

De acuerdo con la psicóloga Annabelle Arévalo, coordinadora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en Guayaquil, son múltiples los factores por los que una madre llega a la decisión de dejar a su hijo en la calle.

Precisó que, en primera instancia, lo que se piensa de una mujer que comete este delito es que “es mala, que parió y botó al niño, que lo dejó por allí”; pero los casos de este tipo hay que mirarlos de modo sistémico, sobre todo si es una menor de edad la que ha gestado y dado a luz.

“Para poder juzgar y opinar algo al respecto, hay que ver cómo recibió esa maternidad esta mujer y qué situaciones emocionales, sociales, económicas o familiares estaban pasando por su vida”, aclaró.

Insistió en que, muchas veces, la culpa recae enteramente en la mujer, pero la sociedad se olvida de que ese niño tiene un padre, que es parte del contexto. A él nadie lo nombra, nadie lo culpa. Además, si la embarazada es una menor de 15 años, quiere decir que podría haber un delito sexual, según la última sentencia de la Corte Constitucional.

Salud mental

Arévalo sostuvo que hay circunstancias, como afrontar una maternidad a temprana edad, que llevarían a la madre a sufrir un posible problema de salud mental propio del embarazo. Por ello es importante que en el país se regule, sobre todo, el aborto por violación, despenalizado desde abril del año pasado.

Según el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2021 hubo 4.138 niñas menores de 10 a 14 años embarazadas, y 59.138 de 15 a 19.

Entre los problemas de salud mental que una mujer encinta puede afrontar están los trastornos psicológicos perinatales (periodo inmediato al nacimiento del bebé), depresión posparto, trastorno de pánico posparto, trastorno por estrés postraumático y trastorno de psicosis posparto. Aunque no hay estadísticas que revelen qué motiva a las personas a abandonar a sus hijos recién nacidos, entre las causas está la falta de lucidez derivada de alguna descompensación.

El MSP atendió, como parte del Proyecto Creación e Implementación de Servicios de Salud Mental Comunitaria y Centros Estatales, a 7.439 mujeres (entre primeras atenciones y subsecuentes) con problemas relacionados a salud mental en etapa de puerperio (periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación). De estas, 90 eran adolescentes.

¿Qué pasa con estos bebés?

Cuando se logra dar con los padres del recién nacido abandonado, un juez es quien decide su destino: si regresa con ellos, con algún allegado o, finalmente, va a dar a una de las 85 unidades de atención que tiene el Ministerio Inclusión Económica y Social (MIES). De estas, nueve son administradas por la cartera de Estado y las demás son privadas, pero mantienen un convenio con la institución. La capacidad de cada una difiere en torno a su metodología. Existen lugares que atienden a 30 niños, divididos en grupos pequeños, y otros más grandes tienen hasta 70 menores de edad.

De acuerdo con el MIES, cuando se reporta de un caso de abandono de un menor de edad, este es trasladado a la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Unipen, antes Dinapen), para luego ser evaluado por médicos.

“La autoridad judicial competente determinará una medida de protección para que la niña o niño sea acogido en un servicio de protección especial en una institución de cuidado avalada por el MIES”, explicó la institución en un comunicado enviado a EXTRA.

Mientras la niña o niño permanezca bajo el cuidado y protección de la institución, se debe legalizar su permanencia siguiendo el debido proceso con un juez o jueza de las unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez o Adolescencia, o de las unidades judiciales Multicompetentes del correspondiente cantón, para que se emita una medida de protección de acogimiento institucional.

Según el artículo 232 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar.

Denuncias

De los casos de abandono de menores de edad que se reportan, a los que se denuncian, hay una gran diferencia. En la Fiscalía General del Estado, en 2021, hay 135 denuncias por abandono de personas. Esto no solo abarca a menores de edad, sino a mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolecen de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas. No hay una estadística específica de denuncias sobre menores de edad en estado de indefensión.

Pichincha y Guayas lideran el listado de provincias con más casos, con 34 y 21 respectivamente. A pesar de eso, las cifras de denuncias son mucho más bajas que las de llamadas que se reciben para reportar estos hechos.