“Patitas para qué las tengo”, fue el dicho popular que aplicaron María, Luis y Marta, quienes se mudaron del plan habitacional Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil. Se cansaron de tener como ‘vecinas’ a doña violencia y a la señora plomo.

Las dos mujeres y sus familias abandonaron el sector hace dos años. Lo hicieron por miedo a que sus hijos fueran reclutados por bandas criminales que actualmente se disputan a sangre y balas el control del territorio. No regresan ‘ni locas’. Actualmente residen en el sur.

María paga 300 dólares de alquiler y Marta 150. La primera trabaja duro junto a su esposo para reunir ese dinero; la segunda tiene dos ‘cachuelos’, es madre soltera. No pueden alquilar sus casas, pues dicen que nadie en sus cinco sentidos se iría a vivir allí.

“Una vez mi ñaño me visitó y fue testigo de un robo afuera de mi casa. Un hombre apuñalaba a otro; nunca más me volvió a visitar”, recuerda María.

“De qué me sirve tener casa si matan a uno de mis familiares”, señala la mujer que residió en la zona por cinco años.

Pese a estar lejos del peligro, conoce el terror que experimentan sus vecinos. “Una amiga me dijo que ahora está peor, se dispara a toda hora y en cualquier cuadra. No duermen ni viven en paz. La cosa ha cambiado por la presencia de militares, pero le asusta pensar cuando ellos se vayan”.

La gota que derramó el vaso

Lo que hizo que María se ‘vuele’ de Socio Vivienda fue aquella vez en la que un hombre quiso entrar a su hogar y amenazó a su hija; ella estuvo con arritmias cardíacas y ahogos por el pánico. “Mi esposo me dijo: ‘Cerremos los ojos y vámonos, no me quiero desgraciar la vida, si les pasa algo a ustedes, puedo matar a alguien’”.

Marta cuenta que algunos de sus vecinos han vendido sus viviendas a ‘precio de huevo’, $1.000 o 2.000. Durante el gobierno de Rafael Correa, el costo de cada casa no superaba los 20 mil dólares.

“Estoy apretada con los gastos, pero no cambio la paz en la que hoy vivo. Mis hijos ya no pasan en el suelo evitando una bala perdida”, expresa Marta, a quien le enoja que los habitantes de Socio Vivienda 2 no sepan convivir, pues precisa que cuando se les ‘mete el diablo’ roban farmacias y tiendas.

También recuerda que allá les aplican la psicológica: pasan con los cuchillos ‘rascando’ las paredes y rejas. “Es como si dijeran ‘aquí estamos’. Yo no vuelvo, pero igual tenemos conocidos. Mi hija me ha dicho varias veces: ‘Mami, mataron a otro amigo’, da pena”.

Luis no vivió en la zona, pero trabajó en ella. Era tendero y se fue de Socio Vivienda 2 en 2018. Se cansó de que le robaran en el negocio. “Si uno les reclamaba a ellos, toda su familia venía y te vaciaba el local. Ahora me dedico al taxismo y no acepto carreras para allá, sé cómo es la ‘movida’”.

Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de nuestros entrevistados.  

Caldo de cultivo

Socio Vivienda fue la propuesta de campaña a la presidencia de Rafael Correa, en 2006. Ofrecía viviendas dignas para personas de escasos recursos.

Según el sociólogo y catedrático Juan Salazar, el Municipio de Guayaquil era el ente gubernamental que más casas daba a los residentes del Puerto Principal (Mucho Lote 1 y 2, etc.).

“Allí entra la pugna política: ‘Yo hago más que tú’. Así nació Socio Vivienda. Y se quiso seguir el concepto de las ciudadelas de los años 50 a 70: Guangala, Acacias, Alborada y Sauces”, explica.

En 2012 se la inauguró, pero en 2010 se lanzó Guayaquil Ecológico, proyecto que promovía recuperar las orillas del estero Salado. “Los que se asentaban allí eran originarios de Guasmo, Fertisa, Cisnes 1 y 2”.

Salazar afirma que algunos invasores delinquían. “Unirlos fue un caldo de cultivo para el delito. A esto se le suma la indisposición por quitarles sus casas, lugar de pertenencia. Y les dieron un inmueble de una planta, en el que tenían que entrar de 8 a 12 personas. Se da el hacinamiento y descontento social con el sistema. Así se iba consolidando una sociedad violenta”, indica.