Unos 15 jueces junto a ocho fiscales fueron procesados administrativa y penalmente en Bolivia en los cuatro meses en que una comisión interinstitucional, encabezada por el Gobierno, revisó los casos de feminicidas y violadores liberados a pesar de estar sentenciados.

En una comparecencia en la casa de Gobierno en La Paz este viernes, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hizo un balance del trabajo de esta comisión que intervino "el 100 % de los juzgados de ejecución penal" del país.

Prada informó que en 15 de las 18 cortes —que cuentan con un magistrado cada una— se hallaron irregularidades, por lo que estos operadores judiciales fueron sometidos a procesos "por la vía penal y la vía administrativa".

"Diez jueces de ejecución penal fueron destituidos", "el resto afronta procesos disciplinarios" y "ocho fiscales han sido también destituidos", detalló Prada.

La comisión conformada por entidades del poder Ejecutivo y Judicial, además de la Defensoría del Pueblo, comenzó a operar el pasado 4 de febrero a pedido del presidente Luis Arce, tras el escándalo que supuso la captura de un violador y asesino serial que fue liberado a pesar de tener una condena de 30 años de prisión.

La ministra informó que la comisión revisó 327 procesos judiciales durante tres etapas en las que "se identificaron irregularidades".

También señaló que hasta el momento 21 feminicidas y violadores con sentencia fueron capturados nuevamente, aunque son 51 las órdenes de aprehensión que emitió la Fiscalía justamente para hallar a los delincuentes que recibieron indebidamente el beneficio de la excarcelación.

Prada calificó el trabajo de esta comisión como algo "histórico" y con "importantes logros".

La ministra también destacó los "precedentes históricos a futuro" para evitar que feminicidas y violadores sentenciados sean liberados, como la interconexión de los sistemas de registro judiciales, de la Fiscalía y de Régimen Penitenciario para conformar "una única base de datos".

También destacó la propuesta de modificación legal para el "endurecimiento de sanciones" en el delito de prevaricato, que sube de 10 a 20 años de prisión y que reside en el Parlamento del país.

Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) alertaron que ese tipo de acción "no ayuda en nada" a la Justicia y que en realidad hace que los operadores de Justicia sean "más vulnerables a presiones externas".