Tres oficiales y 136 miembros de tropa. Ese es el número de militares que actualmente están en Fuerzas Armadas y que habrían confiado dinero a la captadora ilegal de dinero denominada Big Money cuya cabeza visible era Miguel Nazareno, militar retirado asesinado a mediados de abril en Quito.

La información fue proporcionada la mañana de este lunes 9 de mayo de 2022 por el ministro de Defensa Luis Lara, tras una exposición del estado de varios casos. En el de las entregas de dinero de los uniformados recordó que se refiere a los hechos ocurridos en Quevedo, provincia de Los Ríos en donde el año pasado se abrió una investigación para Nazareno, su esposa y otra persona, por posible captación ilegal de dinero.

El día del asesinato de alias Don Naza, los tres sospechosos fueron sobreseídos por un juez de Los Ríos. La Fiscalía apeló la resolución. El ministro dijo que, al conocer que 2.655 personas figuraron en una lista que estaba en el expediente de la Fiscalía, se revisó el escalafón militar y halló a los 139 militares que son activos. 

Indicó que este lunes 9 de mayo remitió la lista a la Fiscalía de Quevedo para que siga con las investigaciones y solicitó que certifique si el personal mencionado, procesalmente, ha sido considerado como investigado o procesado dentro del expediente.

Lara no conoce cuántos otros involucrados pudieron haber salido de Fuerzas Armadas desde que estalló el escándalo.

Aclaró además que el Ministerio solicitó que le remitan el listado de los involucrados pero el mismo no le ha sido entregado de manera formal, pero sí fue conocido extraoficialmente. Precisó que es sobre esa base que se hace la depuración y se determina los militares activos inmersos en el negocio ilícito.

Para el oficial retirado los 139 uniformados es un número minoritatio con relación a los alrededor de 40.000 miembros de Fuerzas Armadas. Ofreció reforzar la capacitación en valores en las diferentes escuelas y de forma adicional espera que se apruebe, como falta atentatoria la captación ilegal de dinero, dentro del proyecto de la ley de personal enviado a la Asamblea y que ya lleva casi cuatro años en el legislativo. 

Al momento esa no es una falta disciplinaria, no estaba contemplada en sus reglamentos por lo que, primero debe ser aprobada para poder sancionar. Por otra parte, el funcionario también explicó que, tras la detención de cinco personas, posiblemente relacionadas con la captadora Big Money, en el parqueadero de Defensa, se abrieron siete procesos disciplinarios para juzgar a cuatro oficiales y tres miembros de tropa. 

Ellos son procesados por la vulneración a la seguridad a las instalaciones de Defensa y su posible responsabilidad en esa vulneración. Recordó que paralelamente, esa cartera de Estado, en ese entonces liderada por Luis Hernández, interpuso la denuncia en la Fiscalía por infiltración en áreas de seguridad y toda la información y evidencia recabada se entregó a ese organismo.

Lara también habló del radar de Montecristi afectado en noviembre pasado por una explosión de la que hasta ahora no se conocen sus causas ni sus autores. Indicó que el 7 de noviembre de 2021 se presentó la denuncia ante el fiscal de Manabí y la investigación previa está en proceso. En los próximos días el aparato irá al Centro de Mantenimiento ubicado en Latacunga y se hará la cuantificación de los daños con la empresa Indra. En ese caso hay 25 procesos disciplinarios para oficiales y tropa que al momento se encuentran en apelación.