Desde su reclusión, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, ha presentado dos acciones de protección en contra de los canales de televisión Teleamazonas y Ecuavisa. Terán, procesado por los casos Metástasis e Independencia Judicial, alega que estos medios han vulnerado sus derechos constitucionales, específicamente el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural y sin censura.

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En su argumento, Terán sostiene que los canales en cuestión han violado su derecho al permitir que Diana Salazar, fiscal general del Estado, se exprese en espacios de entrevistas. Según él, durante estas entrevistas, Salazar hizo afirmaciones e imputaciones sin fundamento, lo que ha generado una animadversión pública en su contra.

Terán también citó el artículo 19 de la Constitución de Ecuador, el cual prohíbe la emisión de publicidad que incite a la violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política, y cualquier contenido que atente contra los derechos. Según Terán, las declaraciones de Salazar en los medios demandados contravienen este artículo al influir negativamente en la opinión pública sobre su persona.

En la acción de protección contra Ecuavisa, Terán solicita un espacio de entrevista con el periodista Carlos Rojas, como parte de su derecho a la réplica. Esta demanda ha sido asignada al Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, conformado por los jueces Galo Ramiro Rumiguano Urbano, Pablo Marcelo Coello Serrano, y Milton Iván Maroto Sánchez.

Por otro lado, la acción de protección contra Teleamazonas aún no ha sido ingresada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). Sin embargo, se espera que la jueza Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer en Quito, sea quien la resuelva, en reemplazo de María Castro Torres.

En sus acciones de protección, Terán también hizo referencia al habeas corpus correctivo, una medida que permitió su traslado a la Cárcel 4 en Quito. La decisión fue tomada por las juezas de la Corte Nacional, Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes reconocieron que su integridad había sido violada en su anterior lugar de reclusión. Terán afirma que ha sido víctima de pseudojuicios mediáticos que han afectado su situación legal y personal.

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