Las empresas públicas de las universidades Central, Técnica de Ambato y Técnica de Machala, inicialmente dedicadas a la educación, talleres y asesorías, han ampliado su ámbito de acción para abarcar el manejo de medicamentos. El año 2021 fue especialmente fructífero para estas empresas, ya que firmaron contratos millonarios con hospitales del IESS y el Ministerio de Salud Pública.

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Aunque en teoría se trata de un procedimiento estándar, su uso ha sido mencionado en las transcripciones de los implicados en el caso Encuentro, que investiga una presunta organización delictiva durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según los sospechosos, cuyas conversaciones tuvieron lugar en la casa del empresario guayaquileño Nain Massuh, las empresas públicas universitarias son simplemente una herramienta.

A través del Régimen Especial, obtienen contratos de medicamentos sin necesidad de pasar por un concurso público, para luego firmar "alianzas estratégicas" con empresas privadas que se encargan de la entrega de los medicamentos.

EXTRA ha revisado los contratos entre las universidades y las entidades de salud, que suman un total de 30,1 millones de dólares. Los contratos menos cuantiosos fueron para capacitaciones, una actividad habitual de las universidades. Sin embargo, después de actualizar su RUC y sin experiencia previa en el sector, estas instituciones recibieron adjudicaciones significativas.

Para Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, ciertos medicamentos oncológicos requieren un manejo riguroso de las cadenas de frío, por lo que critica la falta de experiencia técnica de las empresas públicas de las universidades Central, Técnica de Ambato y Técnica de Machala. 

"Si no tienen la experticia, entonces necesitan que otras empresas se encarguen de estos procesos, como cadenas de frío, certificados de venta, registros sanitarios, etc. Pero no lo hacen gratuitamente, lo que encarece los medicamentos", afirmó Dávila.

El activista también denunció la falta de transparencia en estos procesos, señalando que el uso de una empresa estatal universitaria, según las transcripciones del caso Encuentro, oculta la identidad del verdadero beneficiario final. 

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En el juicio político contra la exministra de Salud Ximena Garzón, se reveló que un aliado estratégico de la UTA EP fue la farmacéutica Ginsberg, suspendida por el ACSA y prohibida por el Sercop de participar en procesos de contratación dentro del sistema. Sin embargo, esta prohibición no se aplicaba para que firmara contratos con la UTA EP y fuera proveedora a través de la entidad pública.

"Los pacientes no pueden vivir en la incertidumbre de que hoy se compra de una forma y mañana de otra manera, especialmente si esta es poco transparente. Mañana podrían decidir comprar medicamentos oncológicos a través de colegios profesionales", agregó Dávila.

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