Cuatro personas fueron procesadas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, según ha informado la Fiscalía General del Estado la noche de este sábado 19 de octubre de 2024. Los sospechosos recibieron, como medida cautelar, la prisión preventiva, para asegurar su comparecencia en el juicio.

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En este caso, las víctimas fueron cuatro niñas, de entre 1 y 11 años, a quienes de acuerdo a los datos expuestos por el Ministerio Público, sus padres —en palabras de la propia Fiscalía— las "alquilaban". Quienes se aprovechaban de las pequeñas eran dos vecinos (al igual que los padres, están procesados en esta investigación). Ellos habrían obligado a las menores de edad a trabajar para ellos en diferentes actividades que afectaban su bienestar. 

En las indagaciones se habría logrado confirmar que las niñas eran obligadas a vender chupetes y a pedir limosna en el Valle de los Chillos, en el cantón Rumiñahui (Sangolquí), específicamente en una zona residencial cercana a un reconocido centro comercial del sector. En las pesquisas también se pudo determinar que por el 'alquiler' de las niñas los padres recibían 5 dólares diarios. Y ahora, ¿cuál es la situación de las pequeñas? 

La Fiscalía General del Estado ha informado que las cuatro niñas, luego de ser rescatadas, fueron trasladadas a Quito, cantón localizado a media hora del sitio en el que las pequeñas eran víctimas del delito que se cometía en su contra. En la capital, ellas serían ingresadas a una casa de acogida, donde recibirían los cuidados respectivos para su crecimiento. En este caso, las niñas fueron sometidas a una evaluación médica y psicológica. Estos informes están en manos de los investigadores. 

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En los registros de la Función Judicial, consta que los padres y los vecinos de las niñas fueron procesados con base en el artículo 105 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que trata sobre trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. En la ley se precisa que "la persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años".

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