La confrontación política se intensifica. Xavier Jurado, exasambleísta del correísmo y actual adherente de ADN, presentó una denuncia el 23 de agosto de 2024 contra Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, acusándolo de supuesta usurpación de funciones y uso de documento falso.

Lee también: Los datos desconocidos del caso de Yuliano Salazar: el joven que arrolló a delincuentes

La denuncia, según Jurado, se basa en las declaraciones de Muñoz del 22 de agosto de 2024, en las que adelantó que la Asamblea Nacional no acataría la sentencia emitida por un juez de Quitumbe. Este fallo ordenaba reactivar los juicios políticos archivados contra tres exministros del expresidente Guillermo Lasso. Dicho fallo fue consecuencia de una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, tras la polémica decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los procesos debido al retiro de firmas de apoyo.

Jurado sostiene que Muñoz ha usurpado funciones al emitir declaraciones como si fueran la postura oficial del Parlamento, lo que, según él, carece de legitimidad. Además, lo acusa de uso de documento falso debido a la "falta de prolijidad" en su gestión, al no publicar varias leyes aprobadas por la Asamblea en el Registro Oficial.

Por su parte, Alejandro Muñoz calificó a Jurado como "cuasi analfabeto" y lo acusó de beneficiarse del transfuguismo político. Además, desestimó la denuncia, calificándola como un "show político" y sugiriendo que debería ser declarada temeraria y maliciosa.

El 22 de agosto de 2024, Alejandro Muñoz anunció que la Asamblea Nacional no acatará el fallo del juez Edgar Romero Salazar, que ordena reactivar los juicios políticos archivados. Muñoz señaló que la presentación del recurso judicial por parte de la asambleísta Inés Alarcón muestra indicios de corrupción, al haber sido presentado inicialmente en Iñaquito y luego retirado para ser reingresado en Quitumbe, “esperando que caiga en el juez amigo”.

Muñoz acusó al juez de interferir en la Función Legislativa con intereses políticos. Según él, la sentencia es “aberrante, arbitraria y corrupta”, y afirmó que la Asamblea Nacional no la acatará debido a la existencia de una sentencia previa de la Corte Constitucional, del 25 de octubre de 2023, que prohíbe el uso de la justicia constitucional para resolver conflictos políticos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!