Diez miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito, fueron procesados por el delito de concusión. Ellos no recibieron prisión preventiva, por lo que se defenderán en libertad, con la prohibición de salir del Ecuador y la obligación de presentarse tres veces por semana antes la Fiscalía, para evitar que fuguen. De no comparecer, podrían tener presos y con otro proceso penal en su contra. 

Las detenciones de los sospechosos fueron llevadas a cabo en la madrugada de este jueves 17 de octubre de 2024, mientras que las audiencias de formulación de cargos se realizaron en horas de la tarde. Los implicados fueron distribuidos en tres expedientes. En al menos dos de estos, en las actas de audiencia, consta cómo habrían actuado en contra de algunas de sus víctimas, pues estas los denunciaron para sean investigados. 

(Te invitamos a leer: Pico y Plata en Quito: El millonario negocio ilegal entre agentes de la AMT y civiles)

En un suceso, de septiembre de 2022, se detalla que uno de los agentes procesados, supuestamente de manera prepotente, exigió a un conductor la cantidad de 150 dólares. Este dinero lo habría exigido bajo la amenaza de llevarse preso al chofer, "sin razón valedera". El uniformado, además, habría pedido que le hagan la transferencia a una cuenta de un familiar. Esto ocurrió a plena luz del día, en las calles Ambato e Imbabura, exactamente en el redondel de la Plaza Victoria, en el Centro Histórico de Quito. 

Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesados en esta causa podrían enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años. En este apartado legal se precisa, entre el texto que explica este delito, que si "agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados". 

(Además: Joven enamorado detenido por ingresar al cuarto de su novia durante un apagón en Quito)

Si los agentes procesados incumplen las medidas dispuestas en su contra, como la prohibición de salida del país y las comparecencias tres veces por semana, podrían ser sancionados por el delito de iIncumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En el artículo 282 del COIP se determina que "la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!