El juicio por el caso Metástasis, una compleja red de corrupción vinculada al crimen organizado en Ecuador, comenzó este lunes, 21 de octubre de 2024, contra 21 de los 30 acusados. Esta trama, que involucra al aparato judicial, policial y carcelario, salió a la luz tras el asesinato en prisión del narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero en 2022.

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El fiscal general adjunto, Wilson Toainga, se presentó ante el tribunal para establecer la responsabilidad y el grado de participación de los acusados en el delito de delincuencia organizada. Entre ellos se encuentran figuras destacadas como el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exdirector de las cárceles de Ecuador, Pablo Ramírez.

De los nueve acusados restantes, ocho se encuentran prófugos, incluyendo a Xavier Jordán y al exasambleísta correísta Ronny Aleaga. Un noveno acusado no será juzgado hasta después de las elecciones generales de 2025, debido a su candidatura a la Asamblea Nacional.

La Fiscalía ha señalado que este caso representa "el inicio de una profunda depuración del sistema de justicia", identificando a Fabián C., Cristian R., Xavier J. y Xavier N. como presuntos líderes de la organización, mientras que los otros implicados son considerados colaboradores.

Según la investigación, Xavier N. jugó un papel crucial al liderar una red de influencias en el poder judicial de Guayas, "gestionando decisiones a favor de Leandro Norero". Se ha afirmado que fue él quien ofreció y pagó sobornos a cambio de beneficios judiciales para el narcotraficante y su familia.

Tras los alegatos iniciales del fiscal, la Procuraduría General del Estado intervino como acusadora particular, antes de que el tribunal permitiera a las defensas presentar sus argumentos.

En este contexto, ya se ha sentenciado a otras doce personas mediante un procedimiento abreviado, tras admitir su culpabilidad y proporcionar información sobre otros implicados, lo que les permitió recibir penas reducidas.

La investigación que dio origen a este caso se inició tras la muerte de Leandro Norero en 2022 en la cárcel de Latacunga. Según la Policía, Norero era responsable de financiar y respaldar a bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, que competían por el control en las cárceles y calles de Los Choneros, la organización delictiva más antigua y grande del país.

El análisis de los teléfonos celulares de Norero reveló que él lideraba una organización criminal destinada a asegurar beneficios y privilegios dentro del sistema penitenciario, así como a buscar impunidad para él y su familia en un proceso por lavado de activos.

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La red de corrupción en torno a Norero incluía jueces, fiscales, policías, guardias penitenciarios y abogados. Durante la audiencia, el fiscal Toainga enfatizó que este juicio, que emergió a finales de 2023 tras una extensa operación que resultó en la detención de inicialmente 39 personas, representa "un paso en la lucha contra la criminalidad organizada y para que la justicia nunca más sea secuestrada".

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