El ataque a una funcionaria del SNAI en Quito y el asesinato de la directora encargada del Centro de Rehabilitación Social de Varones N. 1 de Guayaquil demuestran las enormes falencias del plan de seguridad del Gobierno. Funcionarios con un alto nivel de exposición al peligro, como la directora carcelaria, deben contar obligatoriamente con protección especial, sin necesidad de solicitar un análisis de riesgo, que es, aparentemente, el proceso a seguir en la actualidad, según declaró la ministra de Gobierno.

Toda persona que ejerza un cargo cuyo desempeño implique una seria amenaza para su vida debería contar, por defecto, con un despliegue de seguridad que incluya un vehículo blindado para sus desplazamientos. La funcionaria fallecida se movilizaba a diario en un carro de servicio de transporte ‘exprés’, sin ningún tipo de seguridad, a pesar de que tenía bajo su responsabilidad una de las prisiones más peligrosas del país y de que tanto ella como su familia habían solicitado custodia.

Resulta impostergable replantear muchos ejes del plan de seguridad. Por lo pronto, el anterior gobierno dejó más de dos docenas de vehículos blindados que deben ser asignados a quienes, por sus funciones, son más vulnerables frente a la acción de la delincuencia organizada.