En algunas universidades hablan de dignidad, dan clases de ética, apelan al trabajar por el bien de la comunidad y dicen abanderar la justicia social. Sin embargo, su accionar discrepa muchísimo de sus discursos para ‘venderse bien’.

Y es que la vinculación de empresas públicas de universidades a actos de corrupción demuestra el deterioro de los valores éticos con que operan algunas instituciones del país, pero también deja en evidencia la indiferencia y apatía con la que actúan ciertas autoridades.

Es inconcebible que en un caso como este representantes de las entidades académicas involucradas o el mismo Ministerio de Salud Pública guarden silencio y que, hasta ahora, no hayan difundido su postura sobre el tema y sobre lo que se está haciendo para enmendarlo.

El negociado de medicamentos con sobreprecio a través de universidades, que afecta a hospitales del IESS y del Ministerio de Salud, plantea a gritos la necesidad de una reforma a la capacidad operativa que tienen las instituciones superiores. Es necesario que se apliquen filtros a la firma de contratos con el Estado. Las universidades pueden asesorar o administrar proyectos de producción o inversión que aporten al desarrollo del país, pero su razón de ser fundamental es formar, capacitar e investigar y en ello deben enfocarse, no robar.