La llamada Ley de Apoyo Humanitario, dictada por el Gobierno nacional, tiene como objetivo fundamental combatir la grave crisis sanitaria derivada de la COVID-19 en lo relacionado, sobre todo, con la estabilidad laboral del personal de salud del país.

Sin embargo, de tan plausible y necesario fin de ley de tipo emergente, su aplicación ha provocado reacciones y reclamo de buena parte de los organismos laborales del país que, incluso, han llegado a calificarla de inconstitucional. Esto ha obligado a la intervención de la Asamblea Nacional de la Corte Constitucional para tratar las demandas de la clase trabajadora, que aduce que la aplicación de la ley afecta la estabilidad de los trabajadores del sector público, sobre todo, situación que se torna más dramática considerando la alta tasa de desocupación –más de un millón entre los sectores público y privado- y la crítica situación de iliquidez fiscal y la falta de ingresos de la empresa privada.

El presidente de la Legislatura mantuvo una urgente reunión con varios ministros de Estado y la Corte Constitucional, varios ciudadanos y dirigentes de los organismos sociales que han cuestionado la ley y que exigen reformas de la misma para que no sean tan afectados.