Esta renombrada frase resulta aplicable en el bullado caso Sobornos, cuyo final es conocido desde principios de esta semana, que se dio el fallo definitivo contra altas figuras del gobierno anterior, empezando por el ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y otros más a quienes se condenó a 8 años de cárcel y a sanciones económicas que suman varios millones de dólares como justo castigo por tanto daño causado al país.

Correa pretendió, recientemente, ser candidato vicepresidencial para las elecciones del 2021, pero olvidándose que -para ello- debía presentarse personalmente según la ley de elecciones en vigencia desde que el mismo Correa, siendo jefe de Estado, aplicó contra el aspirante presidencial Abdalá Bucaram, quien quiso en una ocasión hacerlo desde Panamá, país donde residía. Y esta vez Correa pretendió inscribirse como candidato a través de un poder concedido a su hermana Pierina, lo cual no aceptaron las autoridades electorales.

No han faltado fanáticos del correísmo que creen que todo será cuestión de esperar ocho años para que Rafael Vicente pueda presentarse como candidato, lo cual no es así, porque quedó vetado de por vida a cualquier cargo público.

Este caso, que tiene mucha cola es, sin dudas, un auténtico triunfo de la justicia ecuatoriana, especialmente de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien se ha estado jugando hasta su propia vida para aplicar el peso de la ley, acto que el pueblo ecuatoriano reconoce.