No es extraño que en nuestro país se proceda al enjuiciamiento de importantes figuras de la función pública, como han sido, por ejemplo, los juicios y las condenas para una serie de legisladores por diferentes motivos, entre ellos el diezmo que se cobraba a quienes se les había dado un empleo en la misma Asamblea o en algunos departamentos del Estado.

Esta vez es nada menos que la primera autoridad municipal de la capital de la república, el alcalde de Quito Jorge Yunda, quien tiene que hacer frente a las graves inculpaciones que le hace la Fiscalía. Así, esta autoridad seccional tiene prohibido ausentarse del país, sus cuentas bancarias han quedado inmovilizadas y ya le colocaron un grillete electrónico en una de sus piernas, teniendo que presentarse cuatro veces a la semana frente a sus jueces.

Yunda y otras autoridades municipales capitalinas están vinculados a un caso de supuesta compra con sobreprecio de pruebas detectoras de COVID-19, delito por el que además han sido procesados diferentes ciudadanos que han formado parte de una extensa red de corrupción, que también ha delinquido en la compra de insumos médicos adquiridos por los hospitales con el fin de hacer frente a la pandemia.