Hace rato que Samborondón no es seguro. Por eso va en aumento la demanda de sus habitantes de una mayor presencia de la fuerza pública en el sector. Ante ese clamor ciudadano, que no es nuevo, pues se han registrado secuestros en la vía e incluso sicariatos en un centro comercial y en el malecón del Buijo Histórico, el Cabildo invirtió recursos, provenientes del pago de una tasa de seguridad por parte de los habitantes, en la implementación de un sistema de videovigilancia. No obstante, aquello no resultó suficiente y ante la escalada delincuencial, la Alcaldía recientemente optó por la contratación de una empresa de seguridad privada para que realice patrullajes en horario nocturno para complementar la acción de la Policía. Esto implicaría la demanda de más recursos que probablemente se financien vía nuevos impuestos a los contribuyentes.

Es deber obligatorio del Estado garantizar la seguridad de la población, que ya paga impuestos para este fin. Si por falta de recursos de los gobiernos o si por disposiciones constitucionales hay limitaciones en las competencias de los GAD, la Asamblea debe gestionar prioritariamente las enmiendas necesarias que viabilicen la lucha coordinada de los distintos entes gubernamentales contra la delincuencia, junto con la fuerza pública.