En octubre del año pasado tuvieron lugar en varias ciudades del país, especialmente en Quito, violentas y destructivas manifestaciones lideradas por organizaciones indígenas, en rechazo a la medida gubernamental de anular los subsidios a los combustibles, lo que provocaría un aumento en el costo de los mismos. Finalmente, desde Carondelet se accedió a las exigencias de los manifestantes y tanto las gasolinas como el diésel siguieron conservando sus precios anteriores. Sin embargo, la crítica situación de iliquidez fiscal agravada por la paralizadora pandemia ha obligado al gobierno a tomar urgentes medidas que tienen relación con la importación y comercialización de los combustibles.

Mediante el decreto ejecutivo 1158, que se emitió la noche del jueves 24, se establece la liberación de las importaciones de combustibles industriales, es decir que la estatal Petroecuador no seguirá manteniendo el monopolio de los productos energéticos. En 60 días estarán definidas las nuevas reglas y los precios para el consumo en el sector febril, con la participación directa en la importación y la comercialización. De esta manera se excluye la carga estatal en los costosos subsidios y se evitarán muchas y costosas protestas, ya que los precios se regularán de acuerdo a los valores del mercado internacional. Sin embargo, se informó a los consumidores, la mayoría de la población, que la decisión tomada no afecta al sector doméstico, ya que no se aumenta el precio de la gasolina ni el gas licuado.