Para sustituir, en ciertos casos, la prisión preventiva, y ante la imposibilidad de encerrar a tantos que infringen la ley y, al mismo tiempo, tenerlos bajo control para evitar su fuga, se ha previsto en el COIP el uso de un dispositivo electrónico.

Pero esto que nació como una ayuda para la Policía Judicial, vistos los acontecimientos respecto de su sobreprecio en la adquisición de estos grilletes, según la fiscalía, que acusa de peculado en la contratación, y fallas en su monitoreo; la burla a la administración de justicia por un exfuncionario y un adulto mayor, que ha manipulado el aparato, y la reincidencia de nueve microtraficantes, hacen pensar en suprimirlo.

Esta medida cautelar debe derogarse porque está sujeta a manipulaciones que escapan al control de las autoridades.

Es posible que no se trate de fallas técnicas de los dispositivos, sino de la calidad moral de los procesados y de los encargados de su vigilancia.

Además, debe revisarse el sistema penitenciario y las condiciones en que se hallan los centros mal llamados de rehabilitación, para mejorarlas y dejar libres a quienes ya no debieran estar ahí. Muchos son inocentes o han cumplido la pena, o pueden obtener su rebaja, pero carecen de medios para su defensa.

Existe mucho hacinamiento e ignoramos lo que ocurre adentro. Tal como se ha dicho últimamente, no debe haber ciudadanos de primera y de segunda. Todos somos iguales ante la ley.