Tras el hurto de 150 pistolas Smith-Wesson que desaparecieron de la bodega de la Policía Nacional de la Zona 8, el ministro del Interior Patricio Carrillo anunció en su cuenta de Twitter que tres servidores policiales se encuentran sometidos a la administración de justicia y que en lo administrativo se determinará la cadena de responsabilidad de los implicados.

El secretario de Estado publicó que las armas se encontraban en proceso de destrucción e inhabilitadas para el uso policial.

"La alerta se genera por este mecanismo, lo que hace presumir ausencia de controles y un hurto sistemático por un periodo de tiempo sin adecuada supervisión", indica en la red social el funcionario de Gobierno.

De acuerdo a un reporte policial el encargado de rastrillos fue quien se percató de la ausencia de dos cajas que contenía las armas fe fuego, mientras realizaba una inspección del armamento.

Este hecho fue denunciado oficialmente el 15 se mayo, aunque dos días antes se dio una primera alerta cuando un policía alertó que en la caja había solo un arma de fuego.

En rueda de prensa realizada en la capital de la República el comandante general de la general Fausto Salinas, indicó que armas 9 milímetros fueron entregadas a la Policía en 1991.

"La Policía Nacional actuará con transparencia. Hemos dispuesto que el Director General se traslade a la ciudad de Guayaquil para dirigir las investigaciones administrativas. Hay tres servidores policiales que están incluidos en esta investigación preliminar", dijo el comandante de la Policía.

Agregó que el policía que deje de cumplir su deber o lo haga con poco profesionalismo se les impondrá las acciones que imponga la ley y el régimen interno disciplinario policial. "No permitiremos que acciones ilegales manchen el prestigio de la institución policial", afirmó.