Tras las agresiones protagonizadas por algunos agentes de la Policía Nacional, la noche del miércoles 5 de octubre de 2022, en los exteriores de la antigua Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el Comité para la defensa de los Derechos Humanos "iniciará demandas legales", según ha informado la entidad a través de un documento dirigido al comandante zonal, general Víctor Zárate.

Durante los incidentes, fueron atacados dos camarógrafos, un periodista, familiares de personas privadas de libertad y representantes de los Derechos Humanos.

De acuerdo a lo informado por los afectados, los representantes de los medios de comunicación grababan el ambiente de lo que sucedía en los exteriores de la cárcel, mientras que los parientes de los internos exigían información, pues después de más de ocho sin obtenerla, habrían estado desesperados.

Los actos presuntamente violentos -según lo que puede observar en vídeos- habrían sido incitados por un sujeto uniformado, pues era el único que incluso trataba de golpear a mujeres que reclamaban.

Luego, cuando los allegados de los reos respondieron al mismo nivel, la situación empeoró. Y todo era grabado por los camarógrafos de RTS y Teleamazonas. Al de este último canal, los policías intentaron quitarle la cámara, pero el reportero gráfico logró evitarlo.

De todo esto se ha pedido una versión de la Policía, pero desde la primera consulta, realizada la noche del miércoles, hasta el día siguiente, al cierre de esta nota, no hubo una respuesta. Había silencio oficial.

En el documento enviado por Derechos Humanos se detalla que, entre sus solicitudes, se pide el listado de los policías que estuvieron de servicio en el sitio.

También se hace hincapié en algo que pedirían desde el año 2019: "que se explique motivadamente el porqué las y los servidores públicos, no tienen visibles su parche de identificación o algún numero que implique identificar de manera directa a las y los servidores policiales que hayan cometido actos de extralimitación...".

Además, se ha pedido que se realice "una investigación administrativa inmediata, indistinta de las acciones que el CDH (Comité de Derechos Humanos) interpondrá ante este acto que violenta el ejercicio de defensoras y defensores de derechos humanos".

Por esto también se consultó por una versión al Comando Zonal de la Policía Nacional. Tampoco hubo respuesta.