Un  grito de justicia que no llega. El miedo, la falta de dinero y la distancia son los obstáculos que impiden a los casi 6.000 habitantes de la comuna Bajada de Chanduy, situada en la parroquia Chanduy, en la provincia de Santa Elena, acceder a la efectiva protección del Estado ante actos de violencia inminentes.

Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido con Mónica, una de sus pobladoras, quien hace 82 días alberga no solo el desconsuelo por el asesinato de la penúltima de sus seis hijos, sino también la indignación de no hallar justicia.

Y es que para que las autoridades escuchen su clamor, Mónica debe recorrer 81 kilómetros y tener al menos 10 dólares en su bolsillo para cubrir los gastos de su traslado hasta la Fiscalía del cantón Santa Elena, donde se investiga el crimen de su descendiente.

El pasado 5 de abril su hija fue encontrada degollada. Tenía dos cortes en el cuello y estaba amarrada contra un árbol con los cordones de sus zapatos.

Mónica recuerda que su niña salió a las 07:40 de su casa, ubicada en el barrio San Gerónimo. Debía estar antes de las 07:00 en el comedor donde laboraba lavando platos y como ayudante de cocina, pero aquel día el sueño y cansancio la venció y por eso salió apresurada.

“A las 09:00 la llamamos por teléfono. Nos preocupamos porque no contestaba, pero pensamos que era porque había llegado tarde a trabajar y estaba muy ocupada. A las 12:00 nos enteramos de que habían encontrado a una persona muerta, pero nunca me imaginé que se trataba de mi hija. Su cuerpo lo hallaron en los matorrales. No tuve fuerzas para verla, quiero recordarla alegre y sonriente”.

Revela que su hija y su presunto verdugo se conocían no solo porque habitaban a menos de un kilómetro de distancia, sino porque estudiaron en el mismo colegio y él la cortejó durante varios años.

“Mi hija nunca lo aceptó como novio. Por eso hace 5 meses la amenazó. Aún no asimilo que no esté conmigo; a veces la imagino entrando y diciéndome ‘ya llegué mamita’. Ella era quien me acompañaba al subcentro de salud, la que si me veía molesta, me contaba un chiste y me sacaba una sonrisa”, rememora, mientras sus manos abrazan el oso de peluche que su padre le regaló cuando cumplió 15 años.

Solange, una de sus hermanas, revela que fue una vecina quien les comunicó que el cadáver hallado a la 10:00 de aquel fatídico martes era el de su ñaña.

“Los familiares del sospechoso nos enseñaron fotos del cuerpo, con eso confirmamos que era ella, pero ya la habían llevado a la morgue de Santa Elena. Tenía cortes en los brazos. Meses antes mi hermana me enseñó un mensaje donde este hombre la amenazaba, él había jurado matarla, solo porque no aceptó ser su novia”, asegura.

Sin embargo, a más del dolor e incansable lucha por justicia, el crimen de la estudiante que cursaba el segundo de bachillerato y que anhelaba convertirse en veterinaria develó una serie de actos en contra de mujeres de esta comuna y en los cuales el principal sospechoso, según parientes de las presuntas víctimas, sería el mismo hombre que le arrebató la vida a la adolescente.

Ulfredo Morales, cabeza de hogar de una de las 156 familias que habitan y conforman los barrios San Gerónimo, San Francisco y Santa Isabel, pertenecientes a la comuna Bajada de Chanduy, un día después del asesinato de la jovencita se armó de valor y acudió a la Fiscalía de Santa Elena para asentar una denuncia en contra de la persona que en el 2020 habría intentado violar a la mayor de sus hijas.

Este delito sexual consta entre las 28 denuncias asentadas por habitantes de Bajada de Chanduy en la Fiscalía de la provincia de Santa Elena desde enero de 2021 a junio de 2022 (ver infografía).

El comunero sostiene que por temor a represalias y por la falta de dinero para movilizarse no asentó la denuncia cuando ocurrió el intento de ultraje sexual. “Hace dos años este hombre llevó a mi hija hasta los matorrales, en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo de la chica, allí intentó violarla. Le dijo que se quitara la ropa, pero a lo que él se desvestía mi niña aprovechó para correr”, afirma.

Recuerda que por cercanía acudió a Cerecita (recinto de Guayas y Santa Elena, situado a 40 minutos de Guayaquil y limítrofe con Bajada de Chanduy) mas allí, los gendarmes le indicaron que debía acudir a la Policía y Fiscalía del cantón Santa Elena, porque es la jurisdicción a la que pertenece su localidad.

“Los habitantes de esta comuna somos personas de escasos recursos, que a duras penas tenemos para la comida, no es posible que nos hagan ir tan lejos. El hombre que mató a la menor de edad es violento y ya había abusado de otras niñas, entre ellas mi hija. La gente no se atreve a denunciar por temor y por falta de dinero para la movilización”, afirma.

Iván Hermenegildo, presidente del Barrio San Gerónimo, en donde nació y creció la joven asesinada, sostiene que desde hace dos años el temor por hechos de violencia se ha propagado entre los habitantes de esta comuna, cuyas calles carecen de asfaltado y de postes de alumbrado público, pero sus zonas, por ser una localidad agrícola, están rodeadas de vegetación.

“Lamentablemente, el temor y la falta de dinero hace que pocos seamos los que levantamos nuestra voz para pedir justicia, hay más víctimas de este hombre. Sus familiares fueron a mi casa a amenazarme. Esta comunidad se caracterizó por ser tranquila, pero ahora desde las 18:00 ya no se puede transitar, hay muchos consumidores y delincuentes pululando entre el monte”, expresa.

Dos detenidos

Samira Thome, abogada de la familia de la víctima, explica que a pesar de que han transcurrido más de dos meses del crimen, el proceso se encuentra en la etapa de instrucción fiscal, porque la Fiscalía, hace poco más de un mes, vinculó a un tío del presunto femicida.

“Ha sido una lucha constante por justicia. Es la comunidad quien está ayudando a la madre de la joven, ella es de escasos recursos, hay que tener dinero hasta para sacar copias. Es difícil que una persona pobre pueda alzar su voz para ser escuchada”.

EXTRA también buscó la versión de los familiares del sospechoso. Sus parientes aseguran que se trata de una calumnia y que el joven, de 22 años, es inocente.