Los mensajes que habría recibido el 30 de diciembre del 2016, el supuesto acoso por parte de unos sujetos, en los exteriores de su negocio y el atentado contra su vehículo, habrían motivado a la modelo María Fernanda Vargas a buscar ayuda legal, para que la ingresen al programa de protección a víctimas y testigos, de la Fiscalía.

El abogado Pedro Buitrón, quien la representa, explicó la mañana de este 6 de marzo que acudirían al Ministerio Público, porque su cliente “pedirá protección” por las amenazas recibidas a través la red social Instagram y califica que el hecho de incendiar su camioneta podría ser considerado como una tentativa de femicidio y denuncian como principal sospechoso a su expareja.

Sin embargo, el abogado Héctor Vanegas, quien defiende a la anterior pareja de la modelo, sostuvo que no existe ese delito porque ‘Mafer’, como es conocida, no estaba en el automotor y señaló que su cliente no tiene nada que ver con el suceso.

Durante una rueda de prensa, Vargas contó que tiene una bebé, de 3 meses, y que el padre sería el sospechoso del ataque. No obstante, aún no había colocado alguna demanda por paternidad o juicio de alimentos.