Quito cumple nueve días desde que el presidente Daniel Noboa, por decreto, renovó el estado de excepción debido al “desbordamiento de los actos violentos”.

A la capital se la incluyó en el decreto en octubre de 2024. Una de las cifras que justificaron esta decisión fue que, entre el 1 y el 27 de septiembre, los asesinatos pasaron de uno en 2023 a nueve en 2024, una variación del 800 por ciento.

Uno de los sectores más afectados de la ciudad es Solanda, un barrio popular ubicado en el sur, que pertenece al distrito Eloy Alfaro. En 26 días (del 7 de febrero al 2 de marzo del 2025) hubo cinco muertes violentas y cuatro de ellas ocurrieron en la calle José María Alemán, conocida como la Jota.

“Ya tienen claro por quiénes van. Creo que hay una disputa de territorio y la solucionan atacando a sus rivales”, comenta el dueño de un negocio de venta de comida para mascotas de la zona, quien prefiere omitir su nombre.

Michael, otro ciudadano, tiene la misma percepción y agrega que el temor persiste porque en uno de esos ataques, alguien que transite por esta comercial calle podría resultar herido.

Pese a que tras los ataques armados se han efectuado más operativos policiales y militares, para Rosario López, presidenta del Comité Barrial de Solanda, no es suficiente. Por eso pide que los controles sean permanentes y con más efectivos.

Vecinos piden más operativos

La coronel Paola Suárez, comandante del distrito Eloy Alfaro, señala que los circuitos Solanda y Santa Anita son los más críticos y los que tienen el mayor número de muertes violentas. Por ello, se han reforzado los controles a vehículos y el registro a personas, parques y callejones.

Con las cifras que enfrenta la ciudad en cuanto a sicariatos y otros delitos, para Diego Pérez, docente e investigador en temas de seguridad, la implementación de los estados de excepción no ha evidenciado un cambio sustancial y más bien la situación se ha tornado más compleja.

Estima que al menos en el corto plazo el escenario no cambiará, por lo que el Estado debe buscar mecanismos de protección en los sectores identificados como críticos e implementar acciones urgentes.

Para Katherine Herrera, especialista en investigación en seguridad y defensa nacional, se debe generar una política integral en seguridad; además de que el aparataje estatal y local debe centrarse en la niñez, los adolescentes y los adultos mayores, impulsando programas sociales y recuperando el espacio público.

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