El 11 de noviembre, en una rueda de prensa del Bloque de Seguridad, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, informó que la Casa Militar de la Presidencia de la República está llevando a cabo los trámites administrativos necesarios para retirar la seguridad a la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad.

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"Los trámites administrativos se están realizando; la vicepresidenta encargada ya cuenta con seguridad. La Casa Militar está gestionando los trámites para retirar la seguridad a la exvicepresidenta", indicó Vela.

El Jefe del Comando Conjunto también destacó que la nueva vicepresidenta encargada, Sariha Moya, ya cuenta con la seguridad presidencial, tal como lo establece la Constitución ecuatoriana. 

No obstante, horas después de este anuncio, y tras la polémica desatada en redes sociales, las Fuerzas Armadas cambiaron su postura. No solo informaron que no le retirarán la seguridad a Abad, sino que también recularon en haberla llamado "exvicepresidente". En efecto, la funcionaria fue suspendida, no retirada permanentemente del cargo.

Suspensión de Verónica Abad por 150 días

La suspensión de Verónica Abad fue oficializada el 8 de noviembre por el Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Ivonne Núñez, debido a un "abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales". La sanción se originó por un retraso en su llegada a Turquía, donde Abad ejercía funciones como embajadora de paz en Israel, en el contexto de la crisis en Oriente Medio. Aunque se le había indicado que debía llegar a Ankara el 1 de septiembre de 2024, Abad no arribó hasta el 9 de septiembre, lo que fue considerado una ausencia laboral injustificada por las autoridades correspondientes.

El Ministerio de Trabajo impuso una sanción de 150 días de suspensión a Verónica Abad, durante los cuales no recibirá salario. En su reemplazo, Sariha Moya asumirá temporalmente las responsabilidades del cargo de vicepresidenta.

Según Abad, su suspensión es un acto de "represión"

Por su parte, Verónica Abad calificó la suspensión como un acto de "represión" y una "grosería" contra la Constitución ecuatoriana. Abad argumentó que una funcionaria de segundo orden, como Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, no tiene la autoridad para suspender a una autoridad que ha sido elegida por voto popular. En este contexto, rechazó la sanción en su contra y anunció que apelará a instancias internacionales.

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