Con 41 votos afirmativos, 74 negativos, cero blancos y 18 abstenciones, la moción presentada por el legislador Leonardo Berrezueta no fue aprobada. La sesión del Pleno, que inició el 14 de junio de 2024, continuaba con la votación de la moción de Gisella Molina hasta las 14:30. 

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El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, destacó que el contenido del oficio de la Corte Nacional de Justicia es de carácter reservado según lo establecido por la ley. Se informó que la investigación contra Abad es por el presunto delito de concusión en relación con el proceso en el que se investiga a Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta. 

El debate en el Pleno se abrió con intervenciones de legisladores como Inés Alarcón y Gissella Molina, quienes expresaron sus posturas sobre el tema. Posteriormente, Ferdinand Álvarez y Leonardo Berrezueta presentaron sus mociones, generando un debate en torno a la autorización del enjuiciamiento penal contra Verónica Abad.

De acuerdo a las indagaciones, el hijo de la vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad, sería autor directo de hacer ofertas laborales para la Vicepresidencia y hacer cobros mensuales -según los sueldos- luego de que algunas personas llegaran a los puesto. 

Los pagos supuestamente se debían hacer cada mes. Durante la etapa de instrucción, que ha empezado tras la formulación de cargos, la Fiscalía tendrá que demostrar los señalamientos, mientras que la defensa del sospechoso podrá buscar lo contrario: hacer que se ratifique la inocencia de Barreiro.

El delito por el que la Fiscalía formuló cargos del hijo de Verónica Abad, cuya investigación fu denominada Caso Nene, es denominado oferta de realizar tráfico de influencias, según como se detalla en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). ¿Qué significa esta infracción penal? ¿Cuál es la pena a la que Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, se podría enfrentar?

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En el marco legal se establece la definición del delito de tráfico de influencias, detallada en el artículo 285 del COIP. Dicho artículo aborda que este delito se configura cuando funcionarios públicos o cualquier persona que actúe en nombre de una entidad estatal, haciendo uso de su cargo o de su relación personal o jerárquica, ejerce influencia sobre otro individuo con el fin de obtener una decisión favorable a sus propios intereses o los de terceros.

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