Los vecinos de las manzanas 84 y 85 de la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil, se sienten ‘desnudos’ ante la inseguridad. Y todo porque la tarde del jueves 7 de diciembre, personal del departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio retiró las rejas que cercaban el parque sin haberles notificado previamente de la medida.

Ante el ruido de las maquinarias, Lucía Narváez salió de su vivienda y presenció cuando el cercado, conformado por cinco paneles de 2.50 metros cada uno, era cortado por los municipales. Los moradores salieron a reclamar.

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“Si se ubicó esto (rejas) fue por seguridad, no porque quisiéramos que no se use el parque”, explicó Lucía.

Sin embargo, lo peor para ellos no fue la desinstalación, sino que el equipo del Cabildo, conformado por unas 30 personas, retuvo las rejas y se las llevaron. “Nos dijeron que debíamos ir a buscarlas nosotros”, comentó Lucía.

Para los vecinos, la puerta metálica fue necesaria porque el parque estuvo en manos de la delincuencia por mucho tiempo. Carros robados, droga y armas ‘tapiñadas’ en el césped, malhechores escondidos entre las ramas de los árboles y hasta chicas abandonadas por secuestradores han sido solo algunos de los hechos que pueden enumerar los vecinos.

“Hace un tiempo salí con mis dos niñas (4 y 2 años) para que jueguen en la resbaladera. Mientras cargaba a la pequeña, la más grande se subió (al tobogán) y me di cuenta de que un hombre estaba allí intentando taparse. Me asusté tanto que agarré a mi hija y salí corriendo”, relató Ana (nombre protegido).

Los vecinos, conformados por unas 200 familias, empezaron el proyecto de instalación del cerco hace un año, según Ana. “Nos costó como 5 mil dólares todo el enrejado. Es parte del trabajo de la comunidad y no es justo que se lo lleven”, afirmó.

Hace dos semanas, la comunidad terminó la instalación de las rejas; sin embargo, ellos admiten que solo uno de los vecinos, que anotan que no habita dentro del cerramiento, fue el que se opuso. “Sabemos que por la denuncia de alguien de aquí se retiró esto, pero esta persona sí tenía acceso. Lo que cuestionamos es por qué se tomó en cuenta lo que dijo alguien que ni siquiera es de aquí”, admitió Nervo Mestanza, otro morador.

El abogado Hólger Armas, también morador, aseguró que el procedimiento realizado por el Municipio no estuvo correcto, pues la notificación tuvo que haber llegado antes de la medida que tomó la institución. “Guayaquil está bajo zozobra, no tenemos seguridad, no tenemos nada y nos tomamos de las palabras del alcalde (Aquiles Álvarez) de que nos podíamos proteger porque no hay una ordenanza que lo impida”, argumentó.

“Vamos a acudir al Municipio con la colectividad para mostrar que esto fue un atropello”, finalizó el morador.

EXTRA solicitó respuesta sobre lo sucedido a la institución; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento sobre el requerimiento.

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