Música a todo volumen para atraer a los clientes. Botellas de cerveza arrojadas en la calle y las paredes de una vivienda convertidas en urinario público.

Todos los fines de semana, Guadalupe Guevara debe soportar el alboroto que hacen los jóvenes que consumen licor en la esquina de su casa, en Promoción Familia, en el sur de Quito. A pocos metros de allí funciona un negocio que por las mañanas es tienda y, por las noches, licorería.

“En el Día de la Madre fue espantoso. Dos días sin poder dormir por las riñas y por la música”. Lo más triste de su situación no es que los jóvenes tomen, se droguen o armen farras en la vía pública, “hasta es normal a esa edad, lo peor es que no hay un solo policía que nos ayude”, menciona.

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana a su casa está a 200 metros, pero está cerrada hace más de un año. A un kilómetro de allí está la UPC de Barrio Nuevo. Esa a veces está cerrada y a veces abierta. La UPC de El Calzado se encuentra a unos 600 metros de la vivienda de Guadalupe. También abre por horas y casi nunca por las noches.

“Es por falta de personal”, repiten cinco policías que laboran en estos barrios.

La situación es generalizada y afecta a toda la capital. Solo el 30 % de las UPC funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. El 53 % opera por turnos y el 17 % está abandonado, indica un estudio del Observatorio Metropolitano de Seguridad de la ciudad.

En la UPC de Promoción Familiar no hay equipos como radios, patrullas o computadoras. Las ventanas están tapadas con cortinas hechas con retazos de sábanas. Y por afuera la hierba crece y el agua de un sifón se filtra. La pintura, por el deterioro, se descascara.

Un policía del sector dice que allí es vivienda de los compañeros que vienen de otras provincias. “No son instalaciones dignas, pero no hay más”.

La falta de una UPC hizo que Carolina Andrade deambulara de un lado a otro en busca de ayuda. “Llamé al 911 y no mandan un patrullero, me fui a la UPC de Chaguarquingo y no había nadie”. También acudió a la UPC de Chimbacalle y el mismo panorama: luces apagadas y puertas cerradas.

“Ese día se metieron dos ladrones a mi casa. Estábamos dormidos y los perros ladraron. Cuando prendimos las luces, los ladrones se subieron a la terraza y nosotros salimos de la casa corriendo”.

Querían que la policía revisara el domicilio antes de volver a entrar. Pero la UPC abierta estaba a 7 kilómetros. “Entramos después de una hora y ya se habían ido por la casa de al lado”, concluye.

La Policía

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dice que el problema de las UPC cerradas es por falta de personal. Para el 2023 está previsto que la seguridad de la urbe se refuerce con la incorporación de 3.000 agentes. Sin embargo, el oficial explica que el problema es más amplio, pues se necesitan de ordenanzas que sancionen, por ejemplo, la tenencia de armas blancas como cuchillos o que los borrachos que usan los parques reciban alguna multa. Para la secretaria de Seguridad de la Alcaldía, Daniela Valarezo, lo urgente es reforzar el modelo de la policía comunitaria, pues los uniformados de las UPC deben conocer las necesidades de los moradores, las zonas inseguras, dónde venden drogas o existen riesgos.