La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció este 2 de agosto de 2021 que temporalmente se compromete a no incrementar el número de provincias y participantes a la huelga de hambre que empezó hace 22 días.

Esto, como parte de acuerdo que firmó el gremio de los maestros en el marco de la mesa de concertación que conformó la Asamblea Nacional para tratar la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que es el motivo del reclamo.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE dijo que hasta el momento son 11 las provincias en las que se está aplicando la medida de hecho. “En este tiempo, 15 compañeros han tenido quebrantos de salud y son atendidos en clínica”, señaló la dirigente.

Pese a ello, mientras se desarrolla el diálogo, los docentes aseguraron que no ampliarán la huelga de hambre a otras localidades, hasta el 6 de agosto, pero la situación podría cambiar si el Gobierno del presidente Guillermo Lasso no escucha sus demandas.

La semana pasada se desarrolló la primera mesa de diálogo a la que no acudió ningún delegado de la Presidencia de la República y tampoco un representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En el acuerdo firmado hoy también se pide a la presidencia de la Asamblea que convoque a otros actores públicos y privados como la Unesco, Unifec, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otros, para que contribuyan al diálogo.

Además, exhorta a la Corte Constitucional (CC) a que resuelva con celeridad la demanda de inconstitucionalidad presentada por el IESS en contra de la LOEI, por considerar que la aplicación de esta normativa podría afectar la sostenibilidad financiera de la entidad.

En la decisión de admisión, la CC se concedió la medida cautelar de suspensión provisional de la vigencia de dicha ley, hasta que la causa sea resuelta.

La reforma establece un salario mínimo de 1.000 dólares para los maestros; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otras.

Sobre el incremento salarial, Vargas no descartó que se pueda llegar a acuerdos para que se aplique de forma progresiva, teniendo en cuenta la crisis económica que vive el país, pero considera que para eso es preciso que las tres partes, Gobierno, Asamblea y maestros, se sienten a conversar.