En los últimos dos meses se han desvelado cinco delitos sexuales en contra de estudiantes de varios planteles del país. Estos hechos han aflorado una cifra aún más estremecedora: de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Educación, entre enero de 2014 y enero de 2024, 23.800 alumnos han sido víctimas de violencia sexual.

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Esta cartera de Estado también informó que el 25 % de estos delitos ocurrieron dentro de los centros de estudios y que entre 2014 y 2024 se han receptado 2.904 denuncias en contra de docentes, 2.495 en contra de estudiantes y en 223 hechos los responsables habrían sido miembros de personal administrativo o de limpieza. ¡Alarmante!

Para conocer los protocolos que están fallando en las unidades educativas y que ha provocado que los casos de delitos sexuales en contra de alumnos se hayan disparado, así como las acciones que se deberían tomar para corregir estos actos y si es dable que las víctimas retomen sus actividades en el mismo plantel, ya que podrían ser objeto de bullying o discriminación, EXTRA consultó con expertos en educación y la psicóloga de una unidad educativa.

Mónica Franco, quien fue viceministra de Educación, afirma que las instituciones cuentan con un protocolo de atención para casos de abuso, sin embargo, afirma que las temáticas que se relacionan con la educación sexual no son lo suficientemente desarrolladas en las aulas porque todavía estas son contenidos “tabú” y tanto los docentes como los padres de familia prefieren no tratarlas con libertad.

“En consecuencia, el desconocimiento acerca de cuáles son los síntomas de abuso o las conductas que no están permitidas en la relación entre padres o entre niños y adultos, dejan a los escolares en un estado de desprotección”, indica.

Sybel Martínez, doctora en Jurisprudencia, con experiencia y trayectoria en el tratamiento de casos de violencia escolar, sostiene que los reglamentos establecidos por el Ministerio de Educación son claros, pero se sigue anteponiendo la reputación y el buen nombre de los colegios por encima de la protección integral de los niños y adolescentes, y sobre esa base todos hacen lo posible por disminuir la densidad de estos problemas e incluso tratan de taparlos.

“Lo que falta es mucha capacitación y verdaderos mecanismos de protección de la violencia escolar en todas sus formas, incluida la violencia sexual. Si los adultos no sabemos detectar estos hechos, no podremos brindar ayuda. La clave es prevenir”, asegura.

Yanara Chong, psicóloga y coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el norte de Guayaquil, sostiene que las rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas dentro del sistema educativo deben aplicarse de manera obligatoria, “sin importar si son instituciones públicas o privadas”.

Agrega que la falta de capacitaciones para docentes y personal que labora en un plantel impide que se tomen acciones adecuadas y no se dé un correcto seguimiento al caso.

“Debemos realizar constantemente campañas de prevención en nuestros alumnos, charlas, talleres, hacer que ellos tomen conciencia. Brindarles la información correcta acerca del respeto, empatía, compañerismo y también de sexualidad”, agrega Yong.

En cuanto a las acciones que se deberían tomar para que no se susciten este tipo de delitos que marcan la vida de un estudiante, las expertas consideran que el diálogo constante y abierto puede servir de ejemplo para analizar y reflexionar sobre situaciones de abuso.

“Es necesario observar el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, de modo que se pueda intervenir a tiempo y realizar talleres con padres de familia y maestros, para orientar relaciones saludables”, enfatiza Franco.

La exfuncionaria de Estado y Martínez coinciden en que es importante conocer si es conveniente o no que la víctima siga en el mismo centro y que si se resuelve que continúe, se deben tomar medidas de contención y sobre todo de difusión de buenas prácticas entre los compañeros de aula, es decir, crear un clima de recepción favorable.

La psicóloga educativa sostiene que en la actualidad los adolescentes están muy propensos a ser víctimas de bullying y regresarlos al lugar donde sufrieron de este tipo de agresión es ponerlos a expensas de que los compañeros la revictimicen y la tomen como objeto de burla.

Los casos a los que hacemos mención en esta nota periodística y que ya fueron denunciados en la Fiscalía ocurrieron en provincias diferentes: Manabí, Guayas y Pichincha, e incluso dos de ellos fuera del territorio ecuatoriano. Los presuntos responsables fueron maestros y los propios compañeros de las víctimas.

El primer hecho en ser revelado se registró en julio de 2023 en un cantón manabita. La afectada tiene 12 años y su atacante, estudiante del mismo plantel, es cinco años mayor. Él utilizó un palo de escoba para ultrajarla.

A inicios de febrero se hizo público el delito sexual perpetrado en el colegio Réplica 24 de Mayo, ubicado en el sur de Quito, por un docente en contra de una niña de 5 años. La madre de la menor denunció en la Fiscalía y el profesor fue separado del plantel.

Los otros casos no solo han causado alarma, también dudas, por la falta de conocimiento acerca de los protocolos que se deben seguir cuando un delito ocurre fuera del país.

En noviembre de 2023, durante un viaje escolar a Punta Cana, en República Dominicana, dos alumnas de colegio SEK Internacional fueron violadas por tres de sus compañeros, uno de ellos de nacionalidad chilena y cuyo padre es un diplomático. En este hecho una de las chicas habría sido escopolaminada.

El fiscal César Peña, de la Unidad de Justicia Juvenil 1 y quien está a cargo de la delegación de asistencia penal internacional de este caso, explica que la investigación está a cargo de las autoridades del país centroamericano, porque allí se suscitaron los hechos y la Fiscalía ecuatoriana lo que realiza es un pedido penal internacional para que se lo investigue.

“Por ser un delito sexual, donde además están implicados menores de edad, es de carácter reservado. Dos de los sospechosos son ecuatorianos y uno es chileno”, afirma.

En este caso la Fiscalía de Ecuador se encarga de ordenar que se tomen las muestras de fluidos corporales para exámenes de ADN (cotejar de células del cuerpo), constatar que se dé asesoría jurídica y si existe la posibilidad de algún procesamiento penal en contra de los adolescentes por los hechos ocurridos en República Dominicana.

A raíz de esta denuncia, el pasado 6 de marzo se conoció que una estudiante de este mismo colegio, una niña de 5 años, en noviembre también habría sido víctima de un delito sexual. “Alguien le metió la mano en el interior, mientras jugaba en la zona de toboganes del parque infantil del colegio”, afirma la abogada Soledad Angus, especialista en asuntos penales y de género.

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