Culpable a todas luces. Así fue sentenciado el Estado en una audiencia pública en la que salió ‘malparqueado’ y en la que participaron Ramiro Ávila, Gina Benavídez y Evelyn Solari como jueces populares, además de otros 10 invitados, entre expertos y familiares

El acto se cumplió la mañana y tarde de ayer, en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia, centro de Guayaquil

Pero este no era un tribunal común, sino uno popular, es decir un jurado que lleva a cabo una audiencia con un grupo de personas que emiten una sentencia que no tiene validez en el sistema judicial del Ecuador, sino que apunta a cuestionar la calidad moral de los actores políticos que intervienen en los gobiernos.

Y a pesar de ser un evento simbólico, este tribunal defendía una causa real: la justicia en las cárceles, luego de las masacres que entre 2021 y 2022 se cobraron la vida de casi 500 personas, según el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, una de las instituciones organizadoras del evento.

Los testimonios

Los magistrados escucharon varios testimonios, entre ellos el de María, madre de una de las personas fallecidas en la ‘Peni’, centro de privación de libertad de Guayaquil. Ella hablaba por teléfono con su hijo cuando se dio la masacre en la que él fue asesinado.

María se sentía impotente al escuchar gritos de otras personas privadas de la libertad (PPL) que se comunicaban entre sí, y sin querer la mujer también ‘entró’ al pabellón.

Supo que del otro lado de la línea algo pasaba. Las detonaciones que oía eran de las balas que estaban ‘repartiendo’ a la sección en la que se encontraba su hijo. “El teléfono quedó abierto y se escuchaba todo lo que pasaba”, testificó la mujer.

Mientras que Juan, nombre protegido de un joven, contó que solo pudo esperar fuera del centro por respuestas del estado de salud de su padre, un contador que había sido detenido al ser parte de una empresa relacionada al caso Isspol y quien se encontraba con prisión preventiva en el mismo centro que el hijo de María.

“Mi papá fue detenido en un allanamiento (…) El gerente no estaba, los accionistas tampoco y pues quien quedó para la justicia fue el contador, mi papá”, relató el chico ante el tribunal.

Finalmente, el tribunal identificó como causas críticas el debilitamiento institucional iniciado por la eliminación del Ministerio de Justicia y la reducción presupuestaria para atender la crisis carcelaria.

Mercedes, otra madre, comentó que espera que esto ayude a que la muerte de su hijo, ocurrida durante la masacre de 2021, no quede en la impunidad. “Creo que esto y la ayuda de Dios harán que nos escuchen”.