Los bolsillos de los operadores del ECU 911 están en la mira, luego de que un caso desvelara que estarían filtrando información a las funerarias.

La madre de los hermanos Alvarado, en Quito, falleció debido a un derrame cerebral en el hospital. Minutos antes, ella sufrió un ataque en su casa y sus hijos intentaron ayudarla.

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Llamaron a la central de emergencia solicitando una ambulancia, pero esta nunca llegó. Los que llegaron fueron trabajadores de funerarias ofreciendo sus servicios, aún sin confirmar que la señora había muerto.

Uno de los hermanos denunció el caso en redes sociales y se viralizó. Días después, el ECU 911 emitió un comunicado en el que señalaba que han puesto “en conocimiento estos hechos para que la autoridad competente continúe con la investigación”.

EXTRA dialogó con empleados de dos funerarias quienes, bajo reserva, explicaron cómo funcionaría este ‘cruce de información’ de parte de los operadores del ECU 911. Algunos supuestamente mantienen una ‘alianza’ con estos servicios.

El trato es simple. Cuando reciben la alerta de los familiares de una persona herida o que tiene riesgo de morir, envían información de los nombres, el número de teléfono desde el cual se contacta, la dirección y otras referencias a los empleados de funerarias.

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Esto, incluso, antes de derivar a las entidades de respuesta como los bomberos o la Policía. Según el informante, por este ‘favorcito’ los funcionarios han establecido una tarifa que fluctúa de acuerdo al contexto económico que se viva en el país.

Cuando el servicio contratado es a nivel particular, el operador supuestamente exige el pago del 10 por ciento. Mientras tanto, si el fallecido tenía seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), les piden a las funerarias de 100 a 150 dólares.

Los trabajadores señalan que el ‘nego’ se volvió rentable desde la pandemia que no solo los operadores del ECU 911 se aprovechan del dolor ajeno.

Los policías que se enteran de que existe un muerto o una víctima que podría fallecer, antes de llamar a la central de emergencia presuntamente ‘extorsionan’ a los funerarios para que les den su tajada. Si no lo hacen les amenazan con llevar al cuerpo a la morgue, porque desde ahí se tarda más el trámite para retirar un cadáver.

En los hospitales también existirán médicos, guardias, enfermeras, camilleros a los que ‘les vale’ la situación de los parientes de un fallecido y sacan provecho. “Un muerto trae plata de por medio”, dice la fuente.

EXTRA solicitó una entrevista con un vocero del ECU 911 para conocer su versión ante estas denuncias, pero desde el departamento de comunicación dijeron que “por ahora no tenemos un vocero definido, porque hay cambios administrativos”.

Un funcionario de la entidad que no quiso revelar su nombre informa que los operadores reciben las alertas por teléfono, aplicación o por las cámaras y coordinan la atención de la emergencia. “De eso hay audios, pruebas y fichas que se guardan”, señala.

El informante agrega que los funcionarios tienen prohibido el uso de celulares y dispositivos de almacenamiento como una tarjeta de memoria. “Eso es parte de las políticas de permanencia”.

Sebastián Barona, presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador, menciona que la semana pasada realizaron un seminario con todos los agremiados del país para evitar estas malas prácticas. Enfatiza que las funerarias implicadas no pertenecen a su gremio y que tomarán acciones para ‘castigarlas’.

Por ejemplo, dejarán de proveerles de servicios estratégicos que les brindaban como la renta de las salas de velación, la cremación o el entierro en algunos cementerios.

Por otra parte, la abogada Nathalya Salazar explica que en materia penal, los operadores del ECU 911 estarían incurriendo en un delito de peculado porque, al ser servidores públicos, a efectos de obtener un beneficio económico para sí mismos o terceros “arman un complot o fraguan complicidad con las funerarias para que ellos capten clientes”.

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