“Cuando un estudiante reporta algún tipo de violencia o abuso, inmediatamente se convierte en víctima, asumimos que tiene la razón y que debemos atenderlo. Luego la investigación de Fiscalía determinará cuáles son las causales y los involucrados”.

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Estas fueron las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Calderón, con respecto a los tres casos de abusos sexuales  contra menores de edad reportados en un colegio de Guayaquil durante la última semana.

Calderón añadió que desde que se conocieron los incidentes, se activaron los protocolos de protección, los cuales son el acompañamiento psicosocial y las medidas necesarias para garantizar la continuidad del proceso educativo de las víctimas.

Sin embargo, los abogados defensores de las menores ultrajadas han criticado que tanto el colegio como el Distrito de Educación han fallado en la implementación de estos lineamientos.

Fernando Rosero, abogado de dos de las víctimas, indicó que pese a que una de ellas denunció el hecho en noviembre de 2023, lo único que se hizo fue enviar a los menores investigados a sus domicilios a estudiar de forma virtual, pero durante las clases la estudiante violada debía ver a sus supuestos abusadores a través de la pantalla, revictimizándola.

Además, reclamó que han pasado más de tres meses desde que la Fiscalía conoció la causa y aún no se ha realizado ninguna diligencia para determinar las responsabilidades del caso.

En el tercer caso, en el que la perjudicada es una niña de cinco años, la abogada Soledad Augus explicó que en el colegio se negaron a investigar y que cuando los padres fueron a reclamar, les dijeron que la niña, a quien le hallaron su ropa interior manchada de sangre, se había lastimado jugando con sus compañeros, esto pese a que ya existía un examen legista que determinó que tenía hematomas en sus genitales y había sido ultrajada.

La abogada aseguró que el Ministerio de Educación conoce del caso desde diciembre de 2023 y tampoco se hizo nada para brindarle la asistencia psicológica y legal necesaria.

El colegio, por su lado, ha rechazado las denuncias, diciendo que los dos primeros casos ocurrieron en un actividad ajena al colegio, mientras que en el tercero simplemente niegan que haya pasado e insinúa que hay un interés económico detrás de la denuncia.

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El abogado Nino Cassanello, especialista en derecho penal, considera que en el caso de las dos estudiantes de bachillerato no se debería criticar el accionar de la Fiscalía, ya que se está actuando en conjunto con su par de República Dominicana, donde ocurrieron las violaciones, a través de una colaboración penal internacional, y que esta asistencia    toma tiempo, pues en estas se involucran también a las cancillerías de ambas naciones.

El fiscal del caso, el abogado César Peña, indicó que su despacho tiene hasta el 19 de mayo para realizar todas las diligencias requeridas en el caso, entre las cuales está la toma de muestras de ADN de los supuestos violadores, por lo que la investigación está dentro de los plazos establecidos por la ley.

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