El presunto abuso sexual a una menor de 5 años en las instalaciones del colegio SEK de Guayaquil es el tercer caso denunciado en la última semana en este plantel, que ha levantado una ola de cuestionamientos en contra de sus directivos y de las autoridades de Educación, por la aplicación de protocolos y supuestas irresponsabilidades.

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El hecho ocurrió a finales de noviembre de 2023. Según relató la abogada defensora de la víctima, Soledad Angus, la niña fue ultrajada en al menos dos ocasiones y en ambas se informó al plantel, el cual, sin embargo, no habría hecho nada al respecto para esclarecer lo ocurrido.

Angus detalló que un día, al llegar a su casa, la víctima le contó a su abuela que alguien le “metió la mano en el interior” mientras jugaba en los toboganes. Al enterarse, la madre de la niña se comunicó con la institución, que finalmente ignoró la queja y no tomó medidas al respecto.

El segundo incidente ocurrió el 6 de diciembre de 2023. En esa ocasión la madre de la menor de edad fue llamada desde el colegio para indicarle que su hija había sufrido un “accidente”, pero cuando sus abuelos se acercaron al colegio y le iban a cambiar de ropa, notaron que su interior tenía manchas de sangre, por lo que la llevaron de inmediato a un hospital.

En la casa de salud le practicaron un examen ginecológico y la especialista encargada de la prueba determinó que la niña tenía hematomas en sus partes íntimas, por lo que se llamó a la Policía.

Los uniformados llevaron a los abuelos y a la estudiante ante un médico legista que confirmó los daños en las partes íntimas, quien desde ese día tiene terror de volver al plantel educativo. Tampoco ha identificado a ninguna persona como su abusador.

Con estos antecedentes, la madre de la infante fue a reclamar al colegio, en el cual la profesora de la niña aseguró que esta se había lastimado jugando con sus compañeros, aunque no presentaba ninguna otra lesión más que en sus genitales.

Ante la inacción del plantel para aclarar el caso y dar con el responsable de la supuesta agresión sexual, los padres denunciaron el hecho ante la Fiscalía el 8 de diciembre. Luego de esto, a la niña se le bloqueó el acceso a la plataforma de educación virtual y no ha podido continuar sus estudios primarios, aseguró Angus.

Este caso se une a los dos ocurridos en un viaje de fin de curso de alumnos de bachillerato, en el cual tres estudiantes habrían orquestado un plan para drogar con escopolamina y violar a dos compañeras. En estos casos, dos de los sospechosos fugaron del país, mientras que el tercero se ofreció para brindar colaboración eficaz con la Fiscalía.

Para la jurista Diana Maldonado, especialista en violencia de género y Derechos Humanos, el colegio ha incurrido en la revictimización de las menores de edad, pues en el caso de las adolescentes violadas en el viaje de fin de curso, una vez que el colegio conoció de los hechos y que había una denuncia de por medio, tenía que haber activado protocolos para evitar que exista contacto alguno, sea presencial o virtual con los supuestos agresores.

En cambio, el plantel las mandó a estudiar a sus casas, en una plataforma virtual en la que podían ser vistas y contactadas por sus victimarios; además, no les ha brindado acompañamiento psicológico que las estudiantes necesitan luego de una experiencia tan traumatizante.

“Si las autoridades del colegio han recurrido al silencio, son cómplices del hecho porque están encubriendo el delito y lo más reprochable es que lo hacen por un tema de prestigio. Es un absurdo que para que no hablen mal del colegio y del montón de gente con dinero, negocios y empresas, se queden callados y busquen cómo arreglar (extrajudicialmente). Esto no es cuestión de arreglar, sino un delito”, criticó Maldonado.

El Colegio SEK de Guayaquil señaló que “el 11 de diciembre se recibió una denuncia por parte de la madre de una estudiante de cinco años que aseguraba que su hija habría sido abusada sexualmente por un compañerito, también de cinco años”.

Además, añadieron que la investigación interna descartó cualquier situación irregular y que los exámenes médicos realizados por las autoridades competentes y los informes periciales “descartan categóricamente cualquier forma de abuso sexual, lo que es de conocimiento de la madre de la menor, quien a pesar de ello ha solicitado indemnizaciones económicas que son improcedentes”.

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