Casimira ha escuchado un sinfín de comentarios de sus vecinos con la intención de restarle importancia al abuso sexual que sufrió su nieta. “¡Un error lo comete cualquiera!”, es el más recurrente. Pero el implicado es el padre de la niña.

Cuando lo recuerda, la mujer contiene las lágrimas. Tiembla. Aún no cree que aquel jornalero que se casó con su hija hace poco más de 12 años les ‘rompió’ la vida. “Se supone que el deber de un papá es proteger a sus hijos”, recrimina parada afuera de su casa de cemento en un recinto rural de Puerto Quito, en el noroccidente de Pichincha.

Hace más de un mes, en este cantón se identificaron a nueve implicados en delitos calificados como violaciones sistemáticas: se cometían a través de la fuerza, intimidación e incluso con el uso de armas, según la Fiscalía.

Para rescatar a las víctimas –y detener a los sospechosos– se armó un operativo en ese sector y en tres provincias más, el 21 de febrero.

Pero un mes antes, el yerno de Casimira fue uno de los primeros indagados. La mujer –1,60 de altura, piel canela y cabello rizado– no sabe desde hace cuánto él manoseaba a la mayor de dos niñas.

Quien descubrió todo fue la madre de la menor, de 11 años, cuando el 27 de enero pasado se asomó por la ventana de la casa donde residían, a pocos metros del río Caoni. El tipo metía sus manos debajo del pantalón de la niña, pensando que nadie veía.

Eran cerca de las 13:00. La progenitora fue al trabajo de Casimira, en Puerto Quito, a 30 minutos de recorrido en auto por un camino de tierra. “Llegó y estuvo a punto de desmayarse. Estaba llorando y me contó lo que sucedió”. La abuela de la pequeña le preguntó si estaba segura de lo que vio, porque era algo sumamente delicado. Y con el dolor a cuestas se lo confirmó. Pusieron la denuncia y después se hizo la aprehensión del sujeto.

El entorno del abuso sexual

La Fiscalía precisa que, como en el caso de la nieta de Casimira, los agresores en su mayoría son parientes directos: padres, tíos o hermanos. Los demás son cuñados, allegados o vecinos.

A ese primer grupo se incluyó al progenitor de una adolescente con discapacidad, quien fue rescatada en una vivienda que está en la carretera que une a Puerto Quito con otros cantones de Pichincha.

Es una casa de dos pisos. Un jardín la rodea y para ingresar hay un camino angosto de piedra. La puerta principal está cerrada y solamente se encuentra una joven embarazada –no sobrepasa los 17 años– que camina descalza.

Se pone nerviosa al preguntarle sobre el operativo que se hizo el 21 de febrero. “El detenido es mi padrastro y la niña (la víctima) es hija de él”. Pero no sabe cómo ocurrieron los ataques sexuales.

Dice que su madre conoció al hombre hace un tiempo y son los cuidadores de ese predio. Luego de la detención, la joven asegura que no ha sabido de la situación jurídica de su padrastro, quien estará en prisión por 90 días mientras dura la instrucción fiscal.

La chica tampoco conoce a dónde fue enviada la afectada. En este caso, la Fiscalía indica que la muchacha con discapacidad fue alejada de ese círculo de violencia como el resto de víctimas, a quienes las llevaron a casas de acogida o las ubicaron con otros seres queridos.

Los parientes que supieron de las agresiones sexuales, en cambio, reciben el apoyo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Miriam Guerrero, secretaria técnica de esa entidad, dice que “hacemos seguimiento, damos ayuda humanitaria, verificamos que asistan a una terapia psicológica y articulamos todo esto con diversas instituciones”.

Normalización de la violencia

Casimira admite que están recibiendo terapias para sobrellevar la situación. Además, la madre de la niña y su otra hija se cambiaron de casa y viven en una de madera, alejadas del centro del poblado donde habitan más de 80 familias.

“Siempre que veo a mi hija, la abrazo y le digo que debe ser fuerte”, cuenta la señora. Pero antes de acabar su relato, ella lanza una ‘bomba’: pide que la sentencia contra su yerno no sea tan fuerte porque “sería algo también muy duro para él”.

Para Ketty Ibarra, presidenta de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (Amjupre), la violencia sexual contra menores se ha normalizado tanto en Puerto Quito –como en el país- que son comunes estos comentarios.

¿Por qué pasa esto? Ibarra explica que estos casos han ocurrido de generación en generación. “Hay madres que han sufrido algún tipo de violencia. Y con el tiempo, creen que eso es así y es normal que suceda”, añade.

La presidenta de Amjupre acota que el problema se ha reforzado por otros factores como la falta de conocimiento de las víctimas sobre sus derechos y de no saber una ruta adecuada para hacer una denuncia. “Los casos se dan en recintos tan alejados que no tienen ni cobertura telefónica como para contactarse a los números de emergencia cuando ocurre un caso de violencia”.

Y cuando se logra poner una querella, estas quedan estancadas porque las personas no tienen los recursos para seguir los procesos judiciales.

“Además, la Fiscalía tampoco cuenta con el equipo técnico necesario para dar una apertura más eficaz a las denuncias. Esto no permite que se aplique una verdadera justicia o que haya una reparación a todas las víctimas o sobrevivientes”.

Por eso, es importante –asegura la funcionaria– que las mujeres se empoderen de sus derechos y se subsanen las otras deficiencias para que los casos revelados por la Fiscalía se sigan denunciando, pero que no ocurran nunca más.

Una pareja detenida por trata de personas

Uno de los recintos en donde el asombro todavía no desaparece por la detención de dos personas está al sur de Puerto Quito. Para llegar se recorre por una vía angosta en donde apenas circula un automóvil que debe sortear lodo y piedras.

El poblado con alrededor de 50 familias fue el sitio en el que el operativo Querubín identificó a un hombre y su esposa como los sospechosos del delito de trata de personas. La afectada sería la hija de la mujer, quien vivía con su pareja en una casa de bloque y techo de zinc.

Sin embargo, los detalles de este caso siguen en investigaciones y los habitantes desconocen lo que realmente ocurrió. Uno de ellos, quien omite su nombre, dice que el detenido se conoció con la sospechosa después de que cada uno se separó de sus respectivas parejas. “El vecino era una persona tranquila. Se lo veía que iba a la tienda a comprar. Lo mismo hacía la vecina”, rememora.

Ángel Arrobas, dirigente del recinto, cuestiona que las autoridades no les hayan explicado la razón exacta para aprehender a los dos residentes. “Ese día vinieron en patrullas, fueron a las casas de los señores y se los fueron llevando”.

Además, entre las evidencias la Policía y Fiscalía hallaron armas de fuego en la vivienda del hombre. Los muchachos de la señora quedaron a cargo de su hija mayor, en un inmueble de madera que se ubica junto a un río.